Los grupos parlamentarios de PRD y PRI en la Cámara de Diputados afirmaron que la administración de Felipe Calderón debe iniciar el combate al narcotráfico y a las redes de protección desde arriba, desde el gobierno federal, porque hay elementos suficientes que involucran a altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR).

En otro orden, en el Senado, el priísta Pedro Joaquín Coldwell dijo que todos los operativos de combate al narco quedan bajo sospecha de que tienen un motivo político, aunque efectivamente algunos sean necesarios. “Ése fue el error del gobierno al darse ese sesgo partidista electoral a la lucha contra el narco.”

Comentó: Parece que este gobierno se está asumiendo como un gobierno salvador. Primero, salvador de la humanidad y ahora salvador de los partidos políticos. Es francamente de risa.

Por su parte, el también priísta Fernando Castro Trenti se refirió igualmente a las declaraciones que el pasado domingo hizo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de que los operativos son para defender a los partidos y se hacen en nombre de PAN, PRI, PRD y otros.

Esa explicación “preocupa, los operativos nos los debe el gobierno a los mexicanos, no a los partidos. Están en mora indebida y nos preocuparía que no culminen con consignaciones debidamente fundadas”.

En su turno, el perredista Graco Ramírez expresó que la campaña que realiza el PAN contra el crimen organizado bien podría ser una campaña de José María Aznar contra ETA, o como la de Álvaro Uribe contra las FARC, o la de Bush en su guerra contra Irak; es decir, estás conmigo o con el crimen.

Mientras, los diputados Alfonso Suárez del Real, del PRD, y Juan Francisco Rivera Bedoya, del PRI, exigieron que la limpieza empiece por el gobierno federal. Hay elementos suficientes como para hacer un barrido profundo y la Secretaría de Seguridad (Pública) no saldría muy bien parada, dijo el legislador del sol azteca.

Además, aseguró que en el gabinete de Calderón persiste la división, de la que debería estar preocupado el secretario de Gobernación, y recordó que las disputas entre el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el procurador Eduardo Medina Mora por el control de las policías más bien parecen un ajuste de cuentas.

Por otra parte, el diputado michoacano Irineo Mendoza aseguró en una carta abierta que no tiene relación alguna con La Familia y recordó que desde 2007 promovió un exhorto a la PGR para que informara sobre las acciones para erradicar el tráfico de armas al país, y que en marzo de 2008 planteó regular el contenido de los corridos que hacen referencia a personas dedicadas a actividades ilícitas.