La ampliación del horario escolar en la capital del país agonizó en la primera semana de su aplicación, y en la segunda se murió al resultar una medida que rechazaron los docentes, situación que coincidió con que el pasado viernes entre 18 mil y 20 mil trabajadores de la educación resultaron afectados al ir a cobrar sus salarios y no poder hacerlo porque los cheques emitidos no tenían fondos, denunció el Consejo Central de Lucha (CCL) de la agrupación de profesores disidentes.

Así, consideró que esta acción es una medida represiva de la autoridad educativa, en respuesta a la decisión que tomaron cientos de maestros de no acatar la ampliación de la jornada de trabajo por considerar que no tiene ningún beneficio pedagógico y, en cambio, sí violenta la relación laboral.

El profesor Mario Alberto Leyva Galicia, titular de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la sección 10 e integrante del CCL de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señaló que tan sólo en Iztapalapa se contabilizaron más de 8 mil maestros que no pudieron cobrar sus salarios por el motivo antes señalado.

Pero también en Azcapotzalco y en la región del sur se reportó la misma situación. Estamos hablando de que de un total de 30 mil compañeros a nivel de secundarias generales, 60 o 70 por ciento, esto es, entre 18 mil o 20 mil maestros, se quedaron sin sueldo el pasado fin de semana.

Lo anterior coincide con la campaña que han lanzado los profesores disidentes contra la ampliación de la jornada laboral, ya que, además, la medida de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha ocasionado problemas en las comunidades escolares, sobre todo del turno vespertino, quienes se han opuesto por la situación de inseguridad en que se coloca tanto a alumnos y maestros al salir más tarde, añadió.

Leyva Galicia señaló que en algunas escuelas lo que se ha hecho es obligar a los docentes a cubrir el (nuevo) horario. La sanción que amerita no hacerlo es el reporte; sin embargo, no hay una figura jurídica que sustente esa sanción porque en términos legales cada uno de nosotros tiene un horario.

De hecho, en el acta de rechazo que ha hecho circular el CCL se establece que dicha modificación de la jornada desconoce los derechos amparados en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, el artículo 123 constitucional, y los artículos 10, 14 y 22.

Añadió que los salarios de los docentes no se cubrieron en la institución bancaria designada “y la lectura que le damos no es de insolvencia (…) Lo que vemos es una clara forma represiva, ya que el fin de semana se dejó sin salario a mucha gente y les dijeron que hasta el lunes (hoy) se iba a resolver el asunto”.

Esta situación es grave y no puede pasar así, de manera impune, por lo que debe haber un responsable de tal anomalía y una explicación de la autoridad educativa, finalizó.