El Salto, Jal., 31 de mayo. Ante la represión y el acoso contra opositores a proyectos que dañan recursos naturales y provocan el despojo de sus territorios, asistentes a la cuarta Asamblea de Afectados Ambientales acordaron proponer un sistema de identificación de gravedad de la devastación ambiental y del hostigamiento que enfrentan.

Este semáforo de la resistencia ambiental del país señalará con una luz roja cuando las comunidades estén bajo acoso o represión oficial por casos de degradación ambiental. La luz amarilla advertirá sobre riesgos de contaminación y la luz verde dará cuenta de casos de organización ecológica comunitaria exitosa.

Este día, al concluir la asamblea, participaron 266 delegados de 119 comunidades que se pronunciaron por demandar la cancelación de las órdenes de aprehensión contra habitantes de La Gloria, en Perote, y el cese del hostigamiento a quienes defienden el medio ambiente.

Concluyeron que la unidad es la mejor respuesta ante los conflictos ambientales que ocurren en el país. Consideraron necesario establecer vínculos de colaboración con instituciones académicas como la UNAM y la Universidad de Guadalajara.

Solidarizarse con los otros afectados es formar parte de nuestras distintas luchas, aprender unos de otros para llevar adelante propuestas, es lo que debe salir de acá (la asamblea). Debemos integrar los movimientos y hacerlos fuertes para hacer tener más posibilidades de ganar, de otra manera es difícil; integrar una estructura muchas veces no sale en una asamblea, pero debemos llegar a procesos de unificación. Eso significa la solidaridad y ésta debe ser mutua, consideró Rodolfo Chávez Galindo, miembro del movimiento opositor a la construcción de la presa de La Parota, en Guerrero.

Asimismo, manifestaron su oposición a la pretensión de la empresa Monsanto de cultivar maíz transgénico en diversas regiones del país; rechazaron los megaproyectos carreteros en Puebla y acordaron que la próxima asamblea será en La Gloria, en noviembre próximo.

En esta ocasión el tema recurrente fue Granjas Carroll, y señalaron que esta empresa, lo único que ha dejado es la contaminación por la producción de más de un millón de puercos y la influenza, pues allí fue donde se presentaron los primeros casos de la enfermedad.

En rechazo a la construcción de presas, porque con ellas deberán dejar las comunidades y tierras de las que son originarios, miles de personas de Guerrero, Jalisco y Oaxaca determinaron unirse para enfrentar la imposición de proyectos. Se trata de cuatro grandes planes, en los que la resistencia lleva alrededor de seis años.

El proyecto de la hidroeléctrica La Parota sobre el río Papagayo, en Guerrero, afectará 36 poblaciones de cinco municipios. En este caso, los ejidatarios, que rechazan ser desplazados de sus localidades, han comprobado que se pretende construirla ilegalmente, ya que no tiene todos los permisos.

En Jalisco están los proyectos de las presas Arcediano, que se empezaría a construir después de la actual temporada de lluvias, y Zapotillo, en la cual se desplazará a las comunidades Temacapulín, Palmarejo y Acasico, donde residen unas 700 personas.

Los afectados por esas obras no aceptamos desaparecer bajo las aguas de la presa El Zapotillo, programada para abastecer a los industriales de León, cuando en esa región de Guanajuato hay cuatro presas inutilizadas, señalaron en una carta que el pasado 19 de marzo enviaron al presidente Felipe Calderón y que fue firmada por centenas de personas y organizaciones.

En Oaxaca está en marcha el plan de la hidroeléctrica Paso de la Reyna, que incidirá en 17 mil personas en forma directa y en 97 mil indirecta, originarias de pueblos chatinos y mixtecos de la costa oaxaqueña, detalla la carta presentada por Rodolfo Chávez, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota.

Ante el argumento de que se oponen al desarrollo, les respondemos que si un proyecto no toma en cuenta la vida, la integridad de los pueblos, nuestros recursos naturales y si no se basa en el derecho y la justicia, no es desarrollo. Nadie puede planear el despojo de comunidades enteras, donde viven los más pobres, para satisfacer sus intereses personales. Esto no lo aceptaremos de ningún modo, indican en la carta, en la cual demandaron al titular del Ejecutivo la cancelación de los proyectos.