El Salto, Jal. 30 de mayo. Comunidades que defienden sus recursos naturales y expresan su rechazo a proyectos que afectan su entorno, hoy enfrentan represión y órdenes de aprehensión de las autoridades. Los casos más recientes son los de La Gloria, en Veracruz; Ocotlán, en Oaxaca, y Azumiatla, Puebla, donde hay 17 detenidos.

La cuarta Asamblea de Afectados Ambientales, a la cual asisten representantes de comunidades con esos problemas en al menos 12 estados del país, se desarrolla en esta localidad enmarcada por los malos olores y la contaminación que despide la espuma del río Santiago.

Provenientes de decenas de comunidades, 174 delegados expusieron las circunstancias que enfrentan ante la proliferación de obras habitacionales que pretenden desplazarlos de sus localidades y quitarles el agua; la construcción de presas que inundarán sus pueblos; planes carreteros que deforestarán bosques y reducirán la recarga de agua.

El recuento

Los habitantes de La Gloria, en Perote, que saltó a la palestra internacional porque ahí ocurrió uno de los primeros casos conocidos de la influenza A/H1N1, no sólo han enfrentado problemas de salud, sino que cinco de ellos tienen órdenes de aprehensión porque presuntamente participaron, el 10 de enero de 2007, en el bloqueo de la carretera Alchichica-Puebla.

Verónica Hernández, quien está en libertad bajo fianza, explicó que a ella y a cuatro personas más las acusaron aunque no estuviero ese día en el lugar.

La maestra de telebachillerato, tiene desde hace cinco años tres órdenes de aprehensión en su contra, entre ellas una por difamación presentada por la empresa Granjas Carroll, a la cual se le atribuye contaminación del aire, agua y suelo desde que se instaló en la zona en 2004.

La profesora dijo que si algo me pasa, responsabilizo a la empresa, porque tiene tanto poder que a pesar de los daños evidentes ahí se mantiene. Actualmente vive en la comunidad Las Vigas, cerca de La Gloria. De acuerdo con versiones de asistentes a la asamblea, Granjas Carroll acosa con llamadas telefónicas a la gente afectada por sus operaciones.

La resistencia contra la operación de la Minera Cuzcatlán, en San José del Progreso, Ocotlán, ubicada en valles centrales de Oaxaca, llevó a que el 24 de marzo agentes de la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía estatal hicieran un operativo en el cual catearon viviendas. Buscaban detener a Agustín Ríos, cuyo padre se niega a vender terrenos a la empresa, explicó su esposa, Madelaine Ochoa.

En San Andrés Azumiatla, Puebla, empresas inmobiliarias buscan hacerse de 560 hectáreas para construir viviendas, un centro comercial y vías de comunicación. El pasado 17 de abril, topógrafos que trabajaban en la localidad despertaron las sospechas de la comunidad y hubo una gresca que llevó a la detención de 17 personas, entre ellas, una embarazada, un niño y una persona con problemas mentales; todos permanecen en prisión, explicó Juan Linares, integrante del Frente por la Defensa del Agua y la Tierra de Puebla y Tlaxcala. Estos son sólo algunos de los casos que se expusieron este día.

Los asistentes precisaron que su lucha es para detener la destrucción, el despojo y la privatización que los capitalistas han causado a nuestras tierras, recursos naturales, a nuestra vida misma.

En El Salto la situación no cambia y la gente sigue resintiendo los efectos de los fétidos olores y la espuma que emana del río Santiago, las nubes de mosquitos que proliferan en la zona y los problemas de salud que ocasiona la concentración de descargas de agua residual que llegan desde la zona metropolitana de Guadalajara a través del canal del Ahogado, entubado recientemente y cuya salida se ubica justo bajo la cascada que divide esta comunidad de la de Juanacatlán.

El caso de El Salto es emblemático en Jalisco debido a que fue en este municipio, en febrero de 2008, donde se documentó la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, quien cayó al río Santiago e ingirió sus aguas, lo que le provocó la muerte por intoxicación tras 15 días de agonía. Hasta el momento, aunque las autoridades estatales han reconocido el problema no aceptan que la muerte del menor se deba a esto e insisten que este cuerpo de agua, sobre el que se pretende construir la presa de Arcediano para alimentar a la ciudad de Guadalajara, puede sanearse con dos macroplantas de tratamiento.

Explosiones de la Minera San Xavier, en San Luis PotosíFoto Notimex

Pobladores de Cerro de San Pedro prevén que habrá desacato, pues en 2004 ya se había ordenado el cese de trabajos y luego dieron otra licencia

Andrea Becerril

En la lucha emprendida hace 10 años para impedir que la empresa canadiense Minera San Xavier provoque daños irreversibles al medio ambiente potosino, los integrantes del Movimiento Pro San Luis Ecologista ganaron una nueva batalla legal: un tribunal colegiado ordenó anular el permiso con que opera la compañía.

Sin embargo, quien debe cumplir la resolución es el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) Alejandro Sánchez, el mismo que avaló, con una ilegal resolución anterior, la operación de Minera San Xavier New Gold, comentó el abogado del movimiento opositor, Héctor Raúl Barri González.

Desde 2004 la justicia ordenó el cese de trabajos. Fue cosa juzgada un año después, “mediante corrupción y tráfico de influencias e intereses, en los que están involucrados funcionarios y dirigentes panistas –desde el ex presidente Vicente Fox, pasando por el gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos, y los ex titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales José Luis Luege y Alberto Cárdenas–, la minera sigue explotando el oro en el cerro San Pedro y prácticamente ha sepultado el municipio”.

Juan Carlos Ruiz Guadalajara, integrante de la directiva del Movimiento Pro San Luis Ecologista, informó que desde 1999, en que se dio a conocer el proyecto de Minera San Xavier, hubo oposición, ya que la explotación del oro se hace a tajo abierto, proceso irracional, utilizado donde hay poco mineral. En el poblado, ubicado al lado de la capital de San Luis, se pretende derribar una montaña de 70 millones de toneladas, 70 mil u 80 mil toneladas al día, que son cianuradas con 32 millones de litros de agua, mezclados con 16 toneladas de cianuro al día.

Explicó que como en 60 por ciento de ese material no hay oro, lo trituran, lo desechan y todos los jales los tiran a un lado. Diez años después, cuando el proyecto de la minera va al 5 por ciento, el impacto es brutal, ya que una montaña de desperdicios sepultó ya cañadas, arroyos de temporal, cuevas, vegetación del pueblo, que está punto de desaparecer; además se están acabando las reserva de agua de la región y polvos cianurados vuelan ya hacia la ciudad de San Luis Potosí.

Barri González explicó que en 1999, cuando la Semarnat otorgó el primer permiso, violando el uso de suelo y normas ambientales, iniciaron el largo y complicado proceso judicial, que podría estar ahora por concluir. El TFJFA falló en principio contra, pero se inconformaron y el noveno tribunal colegiado les dio la razón en 2004, y ordenó retirar el permiso a la Minera.

La empresa contrató abogados ligados al PAN y con influencia a escala nacional e interpuso un amparo, que le fue negado. El Poder Judicial ratificó la sentencia. Hubo ejecutoria, fue cosa juzgada; sin embargo, la Semarnat ¡dio un segundo permiso! Presentamos una queja, que fue desechada un año después, a pesar de que nos asistía la razón, por el Tribunal Fiscal, en una resolución en la cual el ponente fue el magistrado Sánchez Hernández.

El Movimiento Pro San Luis Ecologista presentó una denuncia penal en contra del juzgador, pero está detenida en la Procuraduría General de la República, agregó Ruiz Guadalajara.

Destacó que tras esa larga batalla, en la que ha habido por lo menos un asesinato –el de Baltasar Reyes Loredo, edil de Cerro de San Pedro que se opuso al proyecto, en 1998–, así como protección y complicidad de autoridades –el abogado de la empresa, Ángel Candia, lo es también del PAN en San Luis Potosí–, tienen el amparo de la justicia federal.

El noveno tribunal colegiado en materia administrativa resolvió el pasado día 14 que el TFJFA entre al fondo de la queja.

El miércoles pasado, el tribunal dio al TFJFA 24 horas para cumplir la sentencia, lo que significa que debe hacer válido el fallo y anular el segundo permiso, precisa Barri González. Tienen dudas de la respuesta del magistrado.