Los 30 michoacanos detenidos por presuntos vínculos con el cártel de La Familia pusieron fin a su huelga de hambre, y ayer fueron trasladados al Centro Nacional de Arraigo, localizado en la colonia Doctores, ciudad de México.

Los 10 alcaldes y demás arrestados permanecerán en esas instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) los próximos 40 días, en espera de que sus abogados logren desacreditar las declaraciones de tres testigos protegidos, entre ellos un ex policía ministerial de Michoacán detenido en 2005, quien en los últimos seis meses se convirtió para el Ministerio Público Federal en uno de los pilares del caso.

Al filo del mediodía, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera Herrera, informó que los 30 detenidos terminaron su huelga de hambre, iniciada la mañana del viernes.

El final del ayuno llegó junto con su traslado al Centro Nacional de Arraigo, adonde llegaron a temprana hora de éste sábado sin que familiares y abogados defensores fueran notificados, por lo cual hasta después de las tres de la tarde había litigantes esperando información de sus clientes.

Fue el caso de José Luis Contreras Valencia, quien aseguró que las acusaciones contra su cliente, el alcalde de Tepalcatepec, Uriel Farías Álvarez, se construyeron con testimonios falsos de un hombre que supuestamente fue agente ministerial y hasta el momento los registros laborales refieren que nunca estuvo adscrito donde declara, y tiene narraciones inverosímiles.

El testigo ha sido identificado por la PGR como Ricardo, y su nombre real es Cuauhtémoc Portillo, abundó. Los otros dos testigos protegidos del caso son conocidos como Paco y Emilio, dijo.

Se quejó de que a su cliente le ofrecieron ser testigo protegido, de un asunto en el que no tiene ninguna responsabilidad, y lo que trataron fue de que declarara aunque fueran falsedades, para que afectará a otros detenidos.