La Comisión Permanente del Congreso de la Unión analiza, a propuesta del Partido de la Revolución Democrática, el caso del catedrático colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, expulsado del país y entregado al gobierno de Alvaro Uribe en un procedimiento irregular, en el que se violaron sus derechos humanos.

Legisladores perredistas demandaron que el Congreso solicite a la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, un informe pormenorizado del procedimiento que se siguió el pasado 22 de mayo, cuando ocurrió la expulsión. Es claro que se cometió un atropello, una persecución política disfrazada de legalidad, advirtió el diputado Cuauhtémoc Sandoval, uno de los firmantes del punto de acuerdo que el miércoles pasado fue turnado a comisiones de la Permanente.

Agregó que espera que la propuesta se dictamine pronto, para aclarar ese oscuro episodio, que ha puesto en riesgo la vida de Beltrán Villegas, a quien el gobierno colombiano acusa de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).

En el punto de acuerdo, los perredistas destacan que se trata de un intelectual de prestigio, quien de 1993 a 1997 estudió en nuestro país la licenciatura y la maestría en sociología. Luego regresó a Colombia, donde fue profesor en las universidades públicas de Cauca, Antioquia y Bogotá.

Después fue invitado por el Centro de Estudios Latinoamericanos para ampliar su estancia académica en México.

Recientemente realizaba investigaciones en las áreas de la sociología y la historia mexicanas, como parte del programa de desarrollo posdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Los legisladores señalaron que el 22 de mayo el catedrático acudió a las instalaciones del INM, adonde había sido citado para renovar la visa, pero fue detenido y puesto en un avión que lo llevó a Colombia. Con ello, agregaron, se violó la Constitución Política, ya que en ningún momento se procuró resguardar sus garantías individuales, entre ellas la de debido proceso o el principio de presunción de inocencia.

Se violentó además, resaltaron, la Ley General de Población y su reglamento. Adicionalmente, el INM, en un acto de malabarismo diplomático, evitó la aplicación del tratado de extradición celebrado con la República de Colombia, donde se establece claramente que ninguna persona puede ser extraditada por delitos políticos o aquellos hechos que les sean conexos, como es el caso que nos ocupa.

En el punto de acuerdo, que suscriben el coordinador perredista Javier González Garza y los diputados Alfonso Suárez del Real, Humberto Zazueta, Armando Barreiro y Cuauhtémoc Velasco, se insiste en que las autoridades migratorias mexicanas han causado un grave daño a nuestro país, ya que es un caso de persecución política.

Aseveraron que se supeditó la justicia mexicana a la paranoia monomaniaca del terrorismo que sufre la derecha en el mundo.

Advirtieron que, gracias a la inmoralidad del gobierno mexicano, Beltrán Villegas se encuentra en un grave peligro.

Demandaron que la Permanente solicite también al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dé seguimiento al proceso contra Beltrán en Colombia, con el fin de garantizar su integridad personal.