Organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron su preocupación frente al ejercicio de acción penal que el Ministerio Público Federal realizó al consignar a Héctor Camero Haro, de la radio comunitaria Tierra y Libertad, por el presunto delito de uso del espacio radioeléctrico, por lo que en breve podría dictarse auto de formal prisión en su contra.

En conferencia, Carlos Aparicio, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), dijo que el proceso penal contra Camero es una muestra de la persecución del gobierno de Felipe Calderón contra estas emisoras. Subrayó que en este sexenio han sido cerradas entre 60 y 80 estaciones de este tipo, lo que representa una política represiva contra esos proyectos.

Ante el temor de que la justicia federal decida detener a Camero Haro, sus abogados interpusieron un amparo porque se le acusa de un delito que alcanza los 12 años de prisión, aunque se podría pagar una fianza.

La comunidad Tierra y Libertad instaló una emisora desde hace siete años y en 2002 se solicitó formalmente el permiso de operación ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cual ratifica la voluntad de legalidad de la radio.

Sin embargo, ante la negativa del gobierno para otorgar el permiso, el 6 de junio de 2008 la estación fue cerrada de manera violenta por más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva, sin que se observara un debido proceso, tal como que el agente del Ministerio Público, que atestiguó los hechos, se negó a dejarles copia de la orden de cateo, así como del acta administrativa que están obligadas las autoridades a realizar.

Por ello, la Amarc, la Red Todos los Derechos para Todos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Nacional de Comunicación Social, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y Article 19 señalaron que “la utilización de la vía penal, en lugar de la vía administrativa que marca la ley especial en la materia, la Ley Federal de Radio y Televisión, muestra un endurecimiento y la continuidad de una política represiva y persecutoria en contra de las emisoras comunitarias en el país y es un grave retroceso en materia de derechos humanos.

Esta persecución penal en contra de integrantes de la radio comunitaria constituye un agravio a sus derechos y una forma de inhibir el ejercicio del derecho a la comunicación de una comunidad marginal de Monterrey; utilizar la legislación penal resulta excesivo, desproporcionado e innecesario para los fines que se buscan, dado que existen otros medios, como los administrativos.

Las organizaciones exigieron al Ejecutivo federal que cumpla con la obligación señalada en el Plan Nacional de Derechos Humanos de reconocer a los medios comunitarios y establecer acciones para su fortalecimiento.