isfrazado de ahorro en servicios personales (léase nómina burocrática), el gobierno calderonista empuña la tijera y anuncia un recorte de 3.5 por ciento en todas sus dependencias para abatir dichas erogaciones, algo así como 35 mil millones de pesos, lo que en castellano simple significa que mantener sueldos y salarios de los autodenominados servidores públicos federales cuesta a los mexicanos alrededor de un billón de pesos tan sólo en 2009.

Para dar una idea de lo que para el país y sus habitantes significa mantener esa ineficiente cuan costosísima masa burocrática, el citado billón de pesos equivale (al tipo de cambio actual) a 75 mil millones de dólares, o lo que es lo mismo, el monto de las reservas internacionales del Banco de México; el blindaje financiero adicional que amablemente –aunque no de gratis– proporcionaron la Reserva Federal (líneas swap por 30 mil millones de billetes verdes) y el Fondo Monetario Internacional (línea de crédito por 47 mil millones) al gobierno calderonista; casi dos tantos la deuda externa neta del gobierno federal al cierre del primer trimestre de 2009 o, si se prefiere, más de seis refinerías como la que se construiría en Tula, Hidalgo, aunque termine haciéndose en Salamanca, Guanajuato.

Así es: 10 por ciento del producto interno bruto, o una tercer parte del presupuesto federal de egresos se destina a tal fin. De ese tamaño es el mantenimiento económico del ejército burocrático (el costo económico y social es infinitamente mayor), aunque hay que precisar que mientras más elevado el puesto, más oneroso para la nación. Entonces, 3.5 por ciento de ahorro es verdaderamente un pésimo chiste, sobre todo si se recuerda uno de los primeros avisos del actual inquilino de Los Pinos: aplicaremos y promoveremos medidas de austeridad en toda la administración pública, en el entendido juarista de que los funcionarios públicos deben vivir en la honrada medianía, según su autodenominado decreto de austeridad del 3 de diciembre de 2006.

Cierra el quinto mes del año del catarrito y la Secretaría de Hacienda anuncia el recorte, producto, asegura, de la crisis económica global (en México no existe, no hay tal) y el impacto de la contingencia sanitaria. A esos dos elementos responsabiliza la dependencia a cargo de Agustín Carstens, pero si se revisa la estadística de la Cámara de Diputados en materia de gasto corriente y en servicios personales del gobierno federal (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), entonces se constata que el referido decreto de austeridad sólo fue un anuncio mediático, como en tantos otros casos.

Consumido el 42 por ciento del tiempo de inquilinaje en Los Pinos, el gobierno calderonista anuncia un recorte (los citados 35 mil millones de pesos) que tan sólo equivale a cerca de uno por ciento del presupuesto de egresos de la Federación para 2009, o lo que es lo mismo un alegre anuncio con tintes electorales, porque el tijeretazo no resuelve absolutamente nada, aunque es utilizable para demostrar a los mexicanos lo bien que el poder público cuida sus dineros. En los hechos, se constata el incremento constante de la nómina burocrática, en primera instancia la del círculo íntimo (sólo hay que registrar el ritmo que lleva y compararlo con el decreto de austeridad), hasta llevarla a un billón de pesos. Comienza, pues, la temporada del ya institucionalizado taller de recorte y confección: la primera de abajo para (no muy) arriba en el escalafón burocrático y la segunda de IVA a todo y para todos, en el entendido que la nueva reforma fiscal mantendrá incólumes los privilegios que en la materia mantiene el gran capital y que al país le cuesta un riñón.

En fin, retomemos la estadística de la Cámara de Diputados. Tras el decreto de austeridad pomposamente anunciado en Los Pinos en diciembre de 2006, el gasto del gobierno federal en servicios personales se incrementó 4.1 por ciento, en términos reales (descontada la inflación) durante 2007. Un año después, con la economía en pleno descenso, el crecimiento real de tal erogación fue de 7.03 por ciento, y para 2009, en una primera estimación de los inquilinos de San Lázaro, el avance real sería de 7.22 por ciento. Y en cuanto a gasto corriente el incremento real fue de 13.1, 8.1 y 15.8 por ciento, respectivamente. Austeridad, pues, igual a cuando menos 32 por ciento de crecimiento en el gasto en servicios personales y de 41 por ciento en gasto corriente de 2007 a 2009. Pero los responsables (Hacienda dixit) son la crisis económica global y el impacto de la contingencia sanitaria.

En algunas dependencias públicas relativamente se respetó el decreto de austeridad, aunque no por mucho tiempo. En la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, el gasto en servicios personales reportó un descenso real de 10.1 por ciento en 2007, pero en 2008 reportó un crecimiento real de 16.15 y para 2009 se estima un avance, también real, no menor a 17.03 por ciento. Se explica el avance sostenido en la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional (17.38, 5.37 y 12.12 por ciento, en términos reales, en cada uno de los años citados), pero de ninguna manera (dados los resultados) el alza en la Secretaría de Economía (37.07 por ciento en 2008 y 1.71 en 2009, también en términos reales) o en la Secretaría del Trabajo (13.68 y 3.59 por ciento, respectivamente). Qué decir del renglón provisiones salariales y económicas (la nómina personal del inquilino de Los Pinos y su gabinetazo), que en 2008 reportó un incremento cercano a 38 por ciento, aunque en 2009 modestamente se redujo 6.3 por ciento. O en el caso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (en 2007 el gasto en servicios personales se incrementó 25 por ciento, pero en 2009 sólo 0.44 por ciento).

De allí al Legislativo, cuya nómina se incrementó 5.31 (2007) y 24.74 por ciento (2009), aunque en 2008 reportó una baja de 2.96 por ciento. Y también el Judicial: en 2007 reducción de 1.55 por ciento, para recuperarse ampliamente en 2008 y 2009 (aumentos reales de 4.58 y 15.26 por ciento, respectivamente). En fin, para combatir al monstruoso billón de pesos, aplican un pellizquito de 3.5 por ciento.

Las rebanadas del pastel

Y si de buenas noticias electorales se trata, allí está el Banco de México y su reducción de la subasta y las ofertas extraordinarias de billetes verdes, para que la gente crea que el tipo de cambio peso-dólar se estacionó en 13.3-13.5 unidades. “Ya pasó lo peor… voten por nosotros”. ¡Sí, Chucha!

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