El paquete de reformas al sistema de compras y contrataciones del gobierno federal ayudará a enfrentar la crisis económica actual, al evitar subejercicios en el gasto, mediante la agilización de las licitaciones de obra y adquisiciones de bienes y servicios; privilegiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) como proveedoras del gobierno, y simplificar y eliminar trámites burocráticos con lo cual se acortan tiempos en las compras, además de eliminar oportunidades de corrupción.

Lo anterior expresó el secretario de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, en rueda de prensa vespertina, convocada de última hora, en la cual se indicó que el único tema a tratar era el relativo a las reformas a las leyes de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Obras Públicas y Servicios, la Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y el Código Penal Federal. Dichas reformas se difundieron la víspera en el Diario Oficial de la Federación.

Vega refirió que en estos momentos en que se requiere reactivar la economía del país, estas reformas, promovidas por el Ejecutivo y enmendadas por el Legislativo, harán más sencilla la inversión en las obras del gobierno federal, además de promover la transparencia y eliminar oportunidades de corrupción.

Sobre el último tema, dijo que se elevó la pena corporal para los funcionarios que incurran en actos de corrupción al pasar el máximo tiempo de cárcel de dos a 12 años, aunque según la irregularidad queda un rango de seis meses a 12 años. Igual lapso se aplicará en casos de inhabilitación y la sanción económica sube de 100 a 300 salarios mínimos.

Además se continuará incorporando la figura del testigo social en las obras federales que signifiquen montos superiores a los 100 millones de pesos, precisó en entrevista con La Jornada, la subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad, Elizabeth Yáñez.

Destacó que cuando se trate de obras de gran calado, como es el caso de las de Comunicaciones y Transportes (SCT), además del testigo social, lo decidirán los integrantes de un comité con nueve representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), organismos sociales y grupos de asesoría, el gobierno federal y otros, según se trate.