En un hecho sin precedente en el Poder Judicial Federal (PJF), a partir de este viernes todos los tribunales colegiados de circuito del país estarán obligados a grabar en video sus sesiones y a entregar copias a todo abogado, procesado o persona autorizada que las solicite. Sin embargo, las discusiones entre los tres magistrados que integran esos órganos continuarán siendo privadas.

Esta nueva medida entra en vigor luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicara ayer las reglas relativas al desarrollo de las sesiones grabadas, algunas de las cuales se difundirán por Internet o serán transmitidas por el Canal Judicial, aunque eso ocurrirá a criterio de los titulares de cada tribunal.

La medida obligatoria tiene su origen en una reforma aprobada por la Cámara de Diputados, y se da dos meses después de que un tribunal colegiado que amparó en definitiva al ex presidente Luis Echeverría –y con ello lo absolvió del delito de genocidio por la matanza del 2 de octubre de 1968– se negó a grabar o hacer pública la discusión en la que se resolvió ese caso.

Antes de esa reforma, los magistrados colegiados realizaban sus sesiones sin que quedara registro de lo que ahí acontecía, aun cuando ha trascendido en círculos del PJF que varias magistradas han aseguraron ser víctimas de acoso sexual de sus compañeros durante las discusiones privadas.

En el país hay cerca de 200 tribunales colegiados en materia penal, civil, laboral y administrativa, cada uno integrado por tres magistrados de circuito, que son los encargados de resolver como última instancia la mayoría de las controversias jurídicas en México, excepto las que tienen que ver con juicios de constitucionalidad, que regularmente son atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las reglas elaboradas por el CJF señalan que los particulares podrán solicitar copia del video por medio de la Ley Federal de Transparencia del PJF, mientras que los casos considerados relevantes, a criterio de los magistrados, serán difundidos mediante un sitio de Internet y el Canal Judicial, pero nunca en vivo.

Desde finales de 2007 fueron colocadas las cámaras en los tribunales federales como parte de una iniciativa del actual presidente de la Corte y del CJF, Guillermo Ortiz Mayagoitia, proyecto que tuvo un costo de 12 millones 300 mil pesos.

Sin embargo, las sesiones no pudieron grabarse de inmediato porque varios magistrados se opusieron, por considerarlo una amenaza a su independencia.

“Cada tribunal colegiado seleccionará los asuntos que a su consideración puedan ser publicados. En la selección referida se tomarán en cuenta los asuntos en los que se haya adoptado un criterio novedoso, relevante, importante o que la determinación emitida en las distintas materias –civil, administrativa, penal o laboral– sea de trascendencia o pueda tener alto impacto en la sociedad”, destaca el acuerdo del Consejo de la Judicatura.