La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reclamó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el comportamiento equivocado del gobierno federal para realizar el operativo policiaco-militar del martes pasado en Michoacán. Le sugirió revisar el artículo 119 constitucional para entender que el Ejecutivo violentó el pacto federal, al no informar de la acción al gobernador Leonel Godoy.

Jesús Ortega, presidente nacional del PRD, explicó que éste fue el motivo de su visita –una de dos a lo largo del día– a Bucareli, donde además le exigió al funcionario, junto con integrantes de la Comisión Política Nacional perredista, que la persecución y detención de delincuentes no se utilice para sacar ventaja electoral ni con la intención de debilitar o perseguir al partido.

Porque no es posible, dijo Ortega, que la lista de los funcionarios de Michoacán presuntamente vinculados con La Familia se obtuviera de un auto abandonado. “Si eso es cierto nos parece de verdad ridículo. Si un operativo de esta naturaleza se sustenta sobre esa base, eso habla muy mal de las autoridades encargadas de la procuración de justicia y del gobierno de la República”.

De acuerdo con asistentes a la reunión, el funcionario federal pidió a la cúpula perredista entender que su visita del miércoles a Michoacán fue para respaldar al gobernador, enviar el mensaje de que Godoy no es sujeto a investigación y demostrar que no tiene la intención de afectar al sol azteca.

Se explicó que el encuentro de hora y media con Gómez Mont fue tenso, porque los perredistas –además del presidente nacional, Dolores Padierna, Hortensia Aragón, Guadalupe Acosta Naranjo y Javier González Garza– fueron muy severos en sus cuestionamientos. Ortega señaló de entrada que no quedaba duda de que detrás de la operación hay una estrategia electoral centrada en seguridad pública.

Padierna, a su vez, le exigió al secretario los criterios adoptados por el gobierno federal para realizar el operativo, pruebas que sustentaran la detención, y en el caso de que hubiera inocentes, reivindicar el nombre de esas personas.

González Garza cuestionó la falta de respeto al artículo 119 constitucional, y le señaló a Gómez Mont que Felipe Calderón es quien encabeza la estrategia, por lo que veía una clara intencionalidad política con fines electorales pues, entre otras razones, el combate al crimen se realiza de manera selectiva.

Guadalupe Acosta Naranjo le preguntó por qué se hizo en Michoacán y no otros estados ostensiblemente descompuestos por actividades del narcotráfico, además de recordar que hay un empate técnico entre PRD y PAN en 10 de los 12 distritos electorales michoacanos. El sol azteca va adelante en Lázaro Cárdenas, el PAN en Zamora y el resto está en disputa.

Criticó que el gobierno quiera mantener en el centro del debate el combate al narcotráfico, en cuyo tema Calderón registra 75 por ciento de aceptación en encuestas y hace a un lado la crisis económica, el desempleo, en donde 60 por ciento de la población lo desaprueba.

El secretario de Gobernación les contestó que el operativo en Michoacán no tuvo fines electorales y que sí estuvo sustentado en una investigación de varios meses. Además, les externó su preocupación por la forma en que el PRD está tomando el asunto, pues les dijo que su intención no es afectar al partido. Puso como prueba que fueron detenidos tanto perredistas como panistas y sobre todo priístas.

Padierna informó que Gómez Mont les aseguró ser una persona en busca de equilibrios, por lo tanto que sus actitudes no son sesgadas.

Al término del encuentro, Ortega habló con la prensa en uno de los patios de Gobernación. Explicó que a Gómez Mont le demandaron una explicación sobre el procedimiento utilizado por el Ejecutivo para la operación en Michoacán, y que éste se realizó violentando el pacto federal y pasando por (encima de) derechos del gobierno estatal.

La dependencia no opinó nada al respecto.