Afirma testigo militar que vio al menor encapuchado y torturado
en Campo de Mayo
Viernes 29 de mayo de 2009, p. 27
Buenos Aires, 28 de mayo. Representantes de organismos humanitarios y sociales e importantes figuras políticas asisten al juicio que se desarrolla en la sala del Tribunal Oral Federal en lo Criminal Uno de San Martín, provincia de Buenos Aires, donde testimonió el ex sargento Víctor Ibáñez, quien vio a un niño, torturado, encapuchado y en muy mal estado
, en un cuarto de aislamiento en uno de los centros clandestinos de detención del cuartel-escuela de Campo de Mayo.
Floreal Avellaneda, conocido como El Negrito, fue secuestrado en un operativo de grupos de tarea del ejército, junto con su madre, Iris, el 15 de abril de 1976.
Llevados ambos a golpes a una comisaría, allí fueron separados y desde entonces Iris, quien sobrevivió al horror de esos momentos, nunca volvió a verlo. El cadáver de El Negrito fue hallado como NN en la costa uruguaya del río La Plata, tiempo después, con signos de tortura y de empalamiento, como comprobaron los forenses.
Los secuestradores habían ido a buscar a su padre Floreal, dirigente del Partido Comunista Argentino, y al no encontrarlo se llevaron al niño y a la madre.
Cuando abrí la puerta del cuartito, lo vi parado. Estaba encapuchado y en muy mal estado
, confesó Ibáñez, entonces a cargo de logística y de llevar alimentos a los detenidos en Campo de Mayo, donde desaparecieron unas 5 mil personas y otras miles pasaron por el infierno de la tortura.
¡Ay mami!
, balbuceó el niño cuando Ibáñez entró con una enfermera. Me ordenaron llevar la comida a alguien en un cuartito que estaba cerrado con candado. Un gendarme vino a abrir la puerta con una detenida que era enfermera y tenía una caja de primeros auxilios. Al fondo, parado y vestido, estaba el chico. Quizá la voz de la enfermera lo confundió y mencionó a su mamá
, relató Ibáñez, y la sala rompió en llanto.
Vuelos de la muerte
El ex sargento también logró ver el apellido Avellaneda en unos gráficos que desplegaban los captores en largas listas. “La pista de aviación estaba como a dos kilómetros; en una oportunidad vi un avión en el que estaban cargando personas vestidas y encapuchadas, y me comentaron que era un traslado a una base en el sur, pero era vox populi que eran lanzados” al mar en los llamados vuelos de la muerte, añadió Ibáñez.
Confesó que hubo indignación en los cuarteles porque se sabía que había un niño. Se lo recriminé a mis superiores
. El ex militar fue declarado en rebeldía y luego separado de su cargo.
Relató que los detenidos estaban en galpones, encapuchados y en colchones o colchonetas o trapos, y la radio estaba en el mismo edificio donde trabajaban (sic) los torturadores
.
Ibáñez decidió hablar por primera vez el 25 de abril de 1995, y dio su testimonio a un periódico local, lo que llevó al entonces jefe del ejército, Martín Balza, a reconocer públicamente lo actuado por los militares durante la dictadura, en un virtual pedido de perdón.
También declaró como testigo Lidia Biscarte, quien relató los tormentos sufridos y que la arrojaron a una pileta donde flotaban cadáveres de compañeros. Otro momento fuerte fue cuando dijo que la violaron, que había guardado en secreto por vergüenza a sus hijos.
Entre los juzgados por este caso están el ex representante de Argentina ante la Junta Interamericana de Defensa de Washington Santiago Omar Riveros; Fernando Exequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia del Departamento II dependiente del Comando de Institutos Militares, ambos generales; el ex jefe de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo Osvaldo García y sus entonces subordinados César Amadeo Fragni y Raúl Harsich, así como el policía de la bonaerense Ángel Aneto, quien comandó el brutal operativo que culminó con el plagio de Iris y Floreal. Todos fueron reconocidos como responsables por Ibáñez.
Los acusados se negaron a declarar ante el juez, pero se leyó una anterior comparecencia de Riveros donde dijo que los juicios los hacían los subversivos porque habían perdido la guerra
.
Hay quejas de los querellantes por algunas actitudes de la jueza, que pone obstáculos a los familiares de las víctimas y trata de evitar que éste sea un caso testigo
de lo que fue un genocidio y una acción sistemática que llevó a la desaparición de 30 mil personas.