Con la autorización de un juez penal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) lleva a cabo la primera intervención de comunicaciones telefónicas privadas, como parte de una investigación de orden sexual.

Un juez penal federal de Cateos, Arraigos e Intervenciones de Comunicaciones concedió la autorización para intervenir las conversaciones telefónicas de los implicados en la presunta red de distribución de pornografía infantil, de la cual fueron detenidos siete miembros, entre ellos un sacerdote de Jalapa, Veracruz, y un empleado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el pasado 22 de abril y que actualmente están arraigados, señalaron fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Al respecto, el titular de la dependencia, Miguel Ángel Mancera Espinosa, explicó que el juzgador dio un plazo de 30 días para escuchar dichas conversaciones, lo que permitirá ejercer acción penal contra los probables responsables.

El funcionario explicó que tal y como marca la Constitución, la solicitud para esa diligencia la hizo él de manera directa, derivado de la investigación que indica que hay conversaciones entre varios sujetos que tienen que ver con la referida indagatoria, por lo que existe la necesidad de conocer el contenido de las mismas, lo que dará la posibilidad de obtener pruebas contra los implicados.

Como resultado de la reforma integral constitucional al Sistema Jurídico Penal, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 75/2008, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal por medio del cual se crean los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, que entraron en operación el pasado 5 de enero y son los únicos facultados para aprobar intervenciones de comunicaciones a petición de los titulares de las procuradurías General de la República y locales.

Entrevistado después de entregar reconocimientos a oficiales que participaron en un diplomado en investigación policial, Mancera Espinosa precisó que la intervención consiste en una orden judicial para que quienes tienen bajo reserva esas comunicaciones las abran a la autoridad.

Al señalar que aún se trabaja en dichas llamadas, por lo que la investigación continúa, Mancera Espinosa indicó que en las cuestiones técnicas se trabajó en conjunto con varias empresas prestadoras de servicios de telefonía que operaron las llamadas analizadas.

El pasado 22 de enero, la PGJDF detuvo a siete integrantes de una banda dedicada a la distribución de pornografía infantil que utilizaba una página de Internet para intercambiar imágenes y videos de sexo explícito de adultos con menores de edad. En esta banda participaban personas de países como España, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Bulgaria y Rusia.

Ente los detenidos se encuentran Luis Alejandro Vergara y Torres, subdirector de Área en la Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación de la SRE, y Rafael Muñiz López, sacerdote diocesano de la iglesia de San Pedro Apóstol de la ciudad de Jalapa, quien en Internet utilizaba el apodo de Lobo Siberiano.