A unos días de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas apruebe el informe definitivo –resultado del Examen Periódico Universal (EPU)– sobre las garantías individuales en el país, organizaciones agrupadas en el movimiento Nunca más crímenes de Estado y desaparición forzada exigieron a la Secretaría de Gobernación que informe cuál será la respuesta que dará la delegación mexicana ante ese organismo.

Precisaron que antes del 11 de junio –fecha prevista para la aprobación del informe y en la que el gobierno de México deberá explicar ante el consejo si acepta las ocho recomendaciones que dejó pendientes, una de ellas se refiere a crímenes del pasado–, Gobernación tiene que definir si restablecerá la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) o creará una oficina similar, para enviar una clara señal en la lucha contra la impunidad.

En su exigencia a Gobernación, las organizaciones no gubernamentales solicitaron una audiencia para discutir las razones que presentará (el gobierno mexicano) ante la ONU.

Integrantes de la ONG expusieron en un comunicado que desde la desaparición de la fiscalía –en noviembre de 2006 y ratificada con su publicación en el Diario Oficial de la Federación cuatro meses más tarde– prácticamente las averiguaciones previas que quedaron bajo la responsabilidad de la coordinación general de investigación no han avanzado.

“Desde el inicio de este gobierno se omitió explicación alguna de la forma cómo investigará los delitos del pasado, aunque en los hechos ha dejado que la impunidad prevalezca.

Por tanto, resulta relevante que la recomendación relativa al restablecimiento de la Femospp o una oficina equivalente haya sido una de las no aceptadas como parte del EPU, pues eso llevaría a perpetuar la falta de acción del Estado para garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y verdad, destacaron.