Desde el inicio del proceso para renovar los 113 ayuntamientos, los 40 diputados al Congreso local y la gubernatura de Michoacán, la posibilidad de que algunas de las campañas de PRI, PAN y PRD hubiesen sido financiadas con dinero del narcotráfico estuvo latente, al grado de que el todavía gobernador Lázaro Cárdenas Batel se manifestó por que las autoridades federales iniciaran una profunda investigación para deslindar responsabilidades.

No obstante las versiones periodísticas y la opinión de los michoacanos respecto de la posible contaminación de la política por dinero del narcotráfico, el dirigente del PRI en aquella entidad, Mauricio Montoya Manzo, no sólo deslindó de posibles actos de corrupción a los presidentes municipales del tricolor electos en ese proceso, sino que descalificó totalmente dichas publicaciones, luego de subrayar que los nuevos alcaldes de su partido garantizaban a la sociedad acciones y resultados concretos, trabajo y honestidad.

Promesas que no se justifican luego de la detención de seis presidentes municipales del partido tricolor, con apoyos y padrinazgos que van desde el sector campesino hasta el popular, acusados ahora de brindar protección al grupo delictivo conocido como La Familia.

De éstos, al menos dos ya habían tenido algún altercado con las fuerzas del orden, como el caso de Uriel Farías, de Tepalcatepec. Hace apenas unos meses, en este mismo municipio un comando armado irrumpió en la comunidad de San Isidro ejecutando de varios balazos al hermano del munícipe, Fernando Farías Álvarez, de 45 años de edad. Ambos son hermanos a su vez de Juan Farías, presuntamente investigado por nexos con el crimen organizado.

Otro caso es el de Jairo Germán Rivas Páramo, del municipio de Arteaga, quien fue sometido en el mes de enero por otro comando armado, al parecer de policías federales, quienes lo golpearon a él y al director de seguridad pública municipal, Victorino Jacobo Pérez, al tiempo que se informó de un guardia rural desaparecido, a quien se identificó como Arnoldo Zavala.

Minutos después, Victorino Jacobo y el presidente municipal recorrieron las calles para ubicar al grupo armado, hasta que ambos fueron rodeados por decenas de personas que portaban uniformes de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Cuando les solicitamos que se identificaran, con lujo de violencia nos bajaron y agredieron física y verbalmente. Al director de seguridad pública lo golpearon de forma artera y lo desaparecieron por varias horas, pero afortunadamente apareció a las 6 de la mañana, comentó luego en entrevista el edil.

De los alcaldes priístas detenidos destaca Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, de Zitácuaro, quien luego de desempeñarse como diputado local se postuló como candidato a este municipio. Es hermano del secretario adjunto a la presidencia nacional del PRI, Ascención Orihuela, actual diputado federal por Michoacán, secretario de la Comisión de Energía en San Lázaro, ex senador y ex colaborador en la campaña de Arturo Montiel por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Hay que recordar que el ex gobernador del estado de México (Montiel Rojas) fue cuestionado por sus propios compañeros de partido respecto del origen de su fortuna, mismo que, casi cuatro años después, no ha podido comprobar.

Con una carrera política desarrollada en sus municipios, se encuentran otros alcaldes detenidos como Audel Méndez Chávez, quien como candidato de la coalición PRI-PAN-PVEM ganó la presidencia municipal de Coahuayana. Durante su encargo se recuerda un enfrentamiento con el gobernador perredista Leonel Godoy, a quien llamó irresponsable por no liberar recursos para ese municipio.

Además, está José Cortés Ramos, de la comunidad indígena de Aquila, quien fue recientemente cuestionado por manipular un plantón en la mina de fierro que explota la firma italo-argentina Ternium.