Saltillo, Coah., 27 de mayo. El Congreso estatal dio entrada a una iniciativa de reformas sobre seguridad, con las cuales se pretende endurecer las penas a quien mate a policías, independientemente de las circunstancias; prohibir la compraventa de inmuebles con dinero en efectivo, y obligar a los hoteles de la entidad a proporcionar información acerca de sus huéspedes.

La propuesta, presentada por la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pretende tipificar como delito circular con placas sobrepuestas (actualmente es una falta administrativa), y considerar delito grave que civiles porten uniformes de policía, falsos u originales.

En la exposición de motivos de la iniciativa, los priístas señalaron que con estas medidas se busca detener las operaciones del crimen organizado y evitar que los delitos queden impunes.

El paquete incluye modificaciones al Código Civil estatal para obligar a los propietarios de bienes inmuebles a dar aviso a la Fiscalía General del Estado sobre la renta y venta de edificios, terrenos, bodegas, departamentos y viviendas, y sobre la compraventa de vehículos.

Además. la propuesta pretende prohibir el uso de vidrios polarizados en los vehículos e incrementar las multas por conducir automotores sin placas.

Los legisladores del PRI también plantean tipificar como delitos graves el robo de infantes en grado de tentativa, las llamadas telefónicas que alteren la paz pública o pongan en riesgo a un sector de la población, y agravar las penas aplicables al delito de violación, en cualquiera de sus modalidades.

También se plantea que la designación de mandos medios y superiores de las policías municipales preventivas se realice a partir de una terna propuesta por el consejo de seguridad pública de cada ayuntamiento.

Los integrantes del cabildo votarían para proponer funcionarios y el Congreso local ratificaría la decisión.

De acuerdo con el documento del PRI, al que el martes el pleno del Poder Legislativo estatal dio primera lectura, con la aplicación de estas medidas podremos llevar a cabo acciones eficaces que prevengan las conductas propensas a alterar y vulnerar los derechos de las personas y la paz social.