Este martes, Michoacán vivió un hecho sin precedente, cuando policías federales y efectivos del Ejército detuvieron –como parte de una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR)– en un solo día a diez alcaldes, 17 servidores públicos y a un juez de primera instancia, por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Poco antes de las seis de la mañana se hizo notorio el despliegue de policías y militares en 11 municipios, incluida la capital del estado. Pocos minutos después comenzaron las detenciones en Morelia, Apatzingán, Tepalcatepec, Arteaga, Uruapan, Coahuayana, Aquila, Buenavista, Ciudad Hidalgo, Tumbiscatío y Zitácuaro.

Además de los alcaldes, destaca la captura de la asesora del gobernador Leonel Godoy, Citlalli Fernández, quien anteriormente se desempeñó como secretaria de Seguridad Pública, y la detención de Ramón Ponce, coordinador del subprocurador y jefe de asesores del actual procurador de Justicia de Michoacán.

Según versiones de funcionarios locales, desde la noche del lunes se registró en la entidad un inusual movimiento de tropas y unidades policiacas. Se desplazaron camionetas y camiones blindados, así como helicópteros de la Policía Federal Preventiva (PFP), además de vehículos de la 21 y 43 zonas militares, ubicadas en Morelia y Apatzingán, respectivamente.

En la madrugada de este martes, una de las primeras acciones corrió a cargo de policías federales que se trasladaron en cinco camionetas de la PFP y allanaron el domicilio de Citlalli Fernández. La funcionaria no se encontraba en su casa, pero al mediodía se entregó a las fuerzas federales.

Al filo de las siete de la mañana, Mario Bautista, director del Instituto Estatal de Formación Policial, fue arrestado por agentes federales en su domicilio, ubicado en la colonia Adolfo López Mateos. Asimismo, desde temprana hora se instalaron retenes en los accesos a la ciudad de Morelia para impedir la fuga de los implicados; incluso en Apatzingán sobrevolaron dos helicópteros de la PFP en los cuales se transportó a los ediles perredistas Genaro Guízar Valencia y a su correligionario Osvaldo Esquivel Lucatero.

En tanto, el alcalde de Uruapan, el panista Antonio González Rodríguez, fue detenido por personal militar. Los soldados arribaron a la sede del ayuntamiento y tras una breve conversación lo trasladaron al cuartel local.

Por lo que hace al edil de Zitácuaro, el priísta Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, según versiones de funcionarios locales, los militares lo detuvieron con lujo de violencia. Sin embargo, en la ciudad de México, su colaborador Carlos Alzati informó que él se había puesto a las órdenes de sus captores para responder a las imputaciones.

El coordinador de asesores de la Procuraduría de Justicia del estado, Ramón Ponce Ponce –quien se desempeñó como subprocurador de la región Uruapan–, fue detenido al mediodía en la puerta principal de la procuraduría estatal.

Algunos ediles, como Audel Méndez Chávez, de Coahuayana, y Adán Tafolla Ortiz, de Tumbiscatío, estaban inaugurando obras cuando fueron detenidos, lo que generó momentos de tensión entre los militares y la policía municipal, hechos que no pasaron a mayores.

El director del Sistema Estatal de Financiamiento, Ricardo Rubí, a su llegada al Distrito FederalFoto SSP

A las 12 horas se había confirmado la detención de los alcaldes de Uruapan, el panista Antonio González Rodríguez; Apatzingán, Genaro Guízar Valencia; Arteaga, Jairo Rivas Páramo; Buenavista, Osvaldo Esquivel Lucatero; Ciudad Hidalgo, el panista José Luis Ávila Franco, y Tepalcatepec, Uriel Farías Álvarez.

Uno a uno, los detenidos fueron concentrados en el aeropuerto de Apatzingán para ser trasladados primero a Morelia y luego a la ciudad de México. Después de las 13 horas, la PGR confirmó las detenciones y pasadas las seis de la tarde afirmó que los 28 detenidos habían sido capturados tras una investigación de seis meses en la que se les responsabiliza de tener vínculos con la delincuencia organizada, y de manera específica, con el cártel de La Familia.

También fueron detenidos, el director del Instituto de Formación Policial, Mario Bautista, quien había fungido como secretario de Seguridad Pública en Michoacán; el empresario y director del Sistema Estatal de Financiamiento Industrial, Ricardo Rubí Bustamante; el jefe de agentes de la Dirección de Gobernación estatal, Juan Gaona Gómez, y Victorino Jacobo Pérez, director de Seguridad Pública en Arteaga.

A la lista de detenidos se sumó Roberto Rubio Vázquez, secretario de Seguridad Pública de Tumbiscatío; las jefas de grupo de la policía ministerial de Morelia, Irlanda Sánchez Román y Gabriela Mata Chávez; José Lino Zamora Hernández, encargado de la comandancia de Lázaro Cárdenas; Noé Medina Martínez, primer comandante en Protección Ciudadana en Morelia, y Faraón Martínez Molina, primer comandante regional de Zitácuaro.

También, Abel Salazar Gómez, ex síndico del municipio de Lázaro Cárdenas; Dionicio Salvador Valencia Palomares, director de Obras Públicas de Arteaga; Alfredo Ramírez García, jefe de grupo de la policía ministerial de Lázaro Cárdenas; Baldomero Morales Rivera, policía municipal de Lázaro Cárdenas, y Jaime Liera Álvarez, ex subprocurador de Justicia en esa entidad, quien actualmente se desempeña como juez de primera instancia en el municipio de La Piedad.

Por la noche, Juan Rivero Legarreta, abogado del presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac, acusó al Ministerio Público Federal de violar todas las garantías constitucionales de los alcaldes, ya que no se les ha permitido tener a una persona de su confianza a su lado desde que fueron aprehendidos; no hay quien los asista durante sus declaraciones ministeriales y su aprehensión es contra toda garantía, pues si tuvieran algún elemento de prueba el caso habría sido turnado a un juez para que librara una orden de captura. Lo que buscan es presionarlos para que declaren falsedades.