El Gobierno del Distrito Federal (GDF) realiza una evaluación de las condiciones en que se encuentra el sistema penitenciario, la cual se dará a conocer en los próximos días, anunció José Ángel Ávila, secretario de Gobierno; aseguró que entre lo que se ha realizado en esta administración destacan el suministro y la colocación del sistema de videovigilancia de los reclusorios y la instalación de sistemas de detección de metales por temperatura que se utiliza en las aduanas de personas, así como otros mecanismos que hasta ahora no se han hecho del conocimiento público, pero que ya funcionan.

Ávila Pérez señaló que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, les instruyó hacer un reporte de los avances en la administración, y que se inició un sistema de monitoreo para la alimentación de los internos, tanto en calidad como en cantidad. Recibimos reportes muy satisfactorios; funcionan el sistema de abasto y de distribución de alimentos en forma ordinaria.

En tanto, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, advirtió que serán varias las recomendaciones que emitirá el organismo por la situación que se vive en los reclusorios de la ciudad de México, pues sólo en el último mes se han recibido 250 quejas por las visitas, corrupción, golpes, y por la falta de servicios médicos y de información.

Una de las investigaciones que lleva a cabo la comisión es la referente a una interna del penal femenil de Santa Martha que fue golpeada por custodios luego de denunciar malos tratos ante el personal del organismo, por lo que en ese caso, además de la recomendación por tortura, se pedirá que se finque responsabilidad penal.

Dijo que los motines ocurridos en las últimas tres semanas, si bien estuvieron asociados a la alerta sanitaria que restringió las visitas, también fueron consecuencia de problemas que tienen que ver con la administración penitenciaria; y aunque en el gobierno capitalino y la ALDF “hay disposición a escuchar, no hemos encontrado la voluntad para hacer los cambios legislativos que eso requieren.

Hay una corrupción funcional; en los reclusorios todo cuesta, hay una deficiencia estructural de los métodos y los mecanismos de atención a la salud, señaló el ombudsman capitalino, quien agregó que 60 por ciento de los presos cometieron delitos por montos menores a 3 mil pesos; y nos cuesta más de 150 mil pesos tenerlos ahí dentro.