a mala noticia es que para 2009 el gobierno federal estima un hoyo fiscal cercano a 300 mil millones de pesos (10 por ciento del presupuesto de egresos); la peor, que en 2010 la caída será más drástica. Es la crisis, sí, pero también la suma de muchos años de privilegios fiscales al gran capital, de exprimir a los de siempre, y a la cómoda cuan creciente dependencia de las arcas públicas del festín petrolero, el cual, todo indica, llega a su fin, cuando menos a corto plazo.

Una vez más los mexicanos, junto al resto de latinoamericanos, deben pagar la factura por ese cúmulo de años de indolencia y complicidad gubernamentales, y de paso los jugosos beneficios fiscales que goza el gran capital, personificado por una insultante micro minoría, si vale el término. Justo ahora, en medio de la enésima sacudida en 30 años, la política fiscal debía ser uno de los principales motores para atenuar el golpe y reactivar el aparato económico. Pero no hay con qué, pues el gobierno –con sus cinco máscaras– no cobró a quienes debía hacerlo, exprimió a quienes no pueden más, y alegremente se gastó lo que ingresó por la venta masiva de su principal recurso, el petróleo, sin efecto económico y social alguno. Por si fuera poco, las otras patas de la endeble mesa se desmoronaron: precio internacional del crudo, remesas, inversión extranjera, turismo (los narco dólares no, pero tampoco se invierten como antes).

A la crisis económica se añade la fiscal, con lo que el pastel está cocinado, algo similar a lo que sucede en el resto de América Latina, aunque México es el más destacado expositor. En este sentido, advierte la Cepal que la crisis afecta significativamente a la región, transmitiéndose por todos los canales mediante los cuales los países se relacionan con el resto del mundo (comercio, corrientes de capital, remesas, inversión extranjera directa, etcétera). A causa de ello se han generado, en forma simultánea, distintos efectos negativos en la economía: una reducción tanto de la cantidad como del precio de las exportaciones, restricción considerable del acceso a los mercados de capital, merma del monto de remesas recibidas y disminución de los flujos de IED.

Todo ello afecta a las finanzas públicas, lo que a la vez restringe la capacidad de respuesta de los gobiernos: por un lado se observa una reducción importante de los ingresos fiscales producto de la desaceleración o recesión del nivel de actividad y de la caída de precios de los productos básicos. Por otro, los países han adoptado políticas de estímulo que significarán un deterioro adicional de los resultados fiscales. Al respecto deben considerarse también las medidas contingentes que han aplicado para compensar los costos distributivos de la crisis. Más aún, es preciso tener en cuenta que este empeoramiento de los resultados fiscales se dará en el marco de una importante restricción del financiamiento externo y luego de varios años de mejora de las cuentas públicas de la región, lo que había permitido disminuir en forma sustantiva la deuda en relación con el PIB.

La gravedad del empeoramiento de la situación fiscal, así como la posibilidad de que éste se traduzca en problemas de solvencia, anota la Cepal, dependerán en gran medida de la posición fiscal previa a la crisis y de la duración de ella. Dado que sus repercusiones serán distintas en cada país, se requieren respuestas diferenciadas, sea por las causas y efectos que es preciso afrontar o por las diversas capacidades y recursos con que cuentan los países.

Caso concreto es el impuesto al consumo, el IVA, que en la región ha llegado a representar 70 por ciento del aumento de los recursos tributarios, contra 33.5 por ciento del ISR y 6.5 por ciento de los gravámenes al patrimonio. Por otra parte, los impuestos al comercio exterior evolucionaron en la dirección opuesta, representando -11.2 por ciento de la variación total. Este panorama promedio de la situación tributaria en la región ciertamente tiene sus ejemplos extremos, donde por una parte se encuentran los países que encabezaron el crecimiento de la carga tributaria regional, como Brasil y Argentina, y en el límite opuesto, México y Guatemala, los de menor incremento de las tasas de presión tributaria. La estructura tributaria vigente en la región presenta serios problemas en cuanto a la creación de un sistema impositivo que contribuya a mejorar la distribución del ingreso. Más aún, las reformas introducidas en las dos últimas décadas muestran que se han priorizado objetivos diferentes de los efectos distributivos y de una eventual mejora de la distribución del ingreso.

Aunque el actual panorama de la región en materia de cuentas públicas y política fiscal es indiscutiblemente mejor que el observado en crisis anteriores, hay ciertos aspectos que constituyen una señal de alerta en cuanto a la capacidad del sector público de afrontar esta crisis de manera exitosa, como apunta el organismo regional, toda vez que gran parte de la mejoría en los últimos años obedeció al aumento creciente de los precios de los productos básicos entre 2002 y la primera mitad de 2008, por lo que un eventual deterioro de ellos (como ahora sucede) representaría un riesgo muy relevante para el espacio fiscal alcanzado. Lo anterior es particularmente notorio en el caso de los países productores de materias primas exportables. Si bien la situación fiscal de 2009 es difícil de proyectar, se estimó que una porción importante de los ingresos recibidos en el periodo 2007-2008 habría sido extraordinaria y que, por lo tanto, lo más probable es que no sean sostenibles en el futuro. El aumento de los ingresos fiscales en 2002-2008 se encuentra estrechamente relacionado con las entradas provenientes de la explotación de recursos naturales. Para el caso mexicano ellas explican cerca de 40 por ciento de los recursos fiscales.

El hoyo, pues, va que vuela para caverna.

Las rebanadas del pastel

Ahora que José Ángel Gurría se animó a decir lo que dijo en Madrid, qué mejor ocasión para recordar lo que él mismo presumió en diciembre de 1993: lo que buscamos con la diversidad de reformas que estamos aprobando en este gobierno (el de Salinas), es consolidar un proyecto político que detentará el poder por 24 años, para ser precisos, cuatro sexenios más. Dieciséis años después, o si se prefiere tres sexenios más adelante, el país es un desastre. Y, según su cálculo, al susodicho proyecto político le resta un sexenio… si la sociedad lo permite.

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