a secretaria de Energía del gobierno calderonista, Georgina Kessel, anunció ayer en Roma que tomará dos años la recuperación de las exportaciones petroleras de México, reducidas en más de 18 por ciento en los últimos 24 meses, y auguró que para 2015 el país volverá a exportar los tres millones de barriles que solía vender al extranjero en 2005 y en 2006. El jueves de la semana pasada Pemex informó que, en los primeros cuatro meses de este año, los ingresos derivados de la venta de crudo al exterior disminuyeron 60.4 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.
Esta caída, catastrófica en el contexto de una política económica que persiste en la aberrante petrolización de las finanzas públicas –un tercio de los ingresos del Estado provienen de las exportaciones del hidrocarburo–, se explica no sólo por la reducción de las cotizaciones internacionales del crudo, sino también por el declive que experimenta la extracción de petróleo a consecuencia del saqueo fiscal de Pemex, la privatización creciente de tareas que por mandato constitucional debieran corresponderle en exclusiva y por la imposibilidad consiguiente de la paraestatal para renovar sus equipos y realizar tareas de prospección.
Es claro que este mal manejo de nuestros recursos naturales, que se originó en el sexenio de José López Portillo, y que ha sido acentuado por las administraciones siguientes, incluida la actual, forma un círculo vicioso de consecuencias sumamente negativas para el país e incluso para la estabilidad del mercado petrolero internacional, en el que nuestros gobernantes han desempeñado con frecuencia el papel de esquiroles ante los esfuerzos de los productores agrupados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por inducir, mediante recortes a la producción, precios sólidos y razonables para el hidrocarburo.
En el ámbito nacional, la aparente facilidad con la que fluyen los dineros procedentes del petróleo ha distorsionado la política fiscal, ha impulsado la frivolidad, el exceso y la corrupción en el manejo de las arcas públicas y ha llevado a una explotación realmente depredadora de Pemex y de los recursos naturales del país.
Las portentosas sumas obtenidas de las ventas petroleras por la administración federal se han manejado con exasperante opacidad; sigue sin estar claro, por mencionar sólo el ejemplo más reciente, el destino de los más de 70 mil millones de dólares no previstos que recibió el gobierno foxista por los sobreprecios internacionales del crudo; lo único que queda claro es que ese dinero no sirvió, ni poco ni mucho, para atenuar las desigualdades atroces ni la pobreza y la miseria que campean en el territorio nacional.
En esta circunstancia alarmante, las autoridades, lejos de escarmentar y buscar la diversificación de los ingresos públicos, persisten en su empeño de exprimir el subsuelo, así sea para malbaratar el crudo, como lo manifiesta el propósito expresado ayer por Kessel de recuperar de aquí a seis años un nivel de exportaciones de tres millones de barriles diarios, independientemente de los precios que se encuentren vigentes para entonces en los mercados mundiales.
El Estado debe mantenerse, en primer lugar, de una recaudación impositiva proporcional y justa, y el petróleo debe usarse para fomentar el desarrollo social y económico del país, no para nutrir la desigualdad, el boato y la corrupción, como ha ocurrido hasta ahora. En vez de exportar el crudo como materia prima, el país debe orientarse a su transformación, mediante la petroquímica secundaria, a fin de impulsar la creación de empleos, el desarrollo tecnológico y la reconstrucción de la planta productiva. La petrolización de las finanzas públicas ha causado o potenciado diversos desastres económicos, como ocurre ahora, cuando la crisis que el gobierno no quiso percibir a tiempo se traduce en una caída de los precios y de las exportaciones de crudo. El cambio de rumbo en ésta, como en otras materias, resulta imperativo.
