Este domingo se cumplen dos años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Sobre el caso, el gobierno federal afirma que la averiguación previa respectiva sigue abierta en la Procuraduría General de la República (PGR) y se desahoga sin limitación alguna en muy diversas líneas.

En tanto, los familiares de los desaparecidos, apoyados por diversas organizaciones civiles, realizarán mañana al mediodía una protesta frente a la Secretaría de Gobernación (SG), para exigir acceso a los expedientes de la indagatoria y, en especial, datos acerca del hallazgo de cadáveres hace ocho meses en Oaxaca, con base en lo cual la PGR solicita a los familiares que acepten realizarse pruebas de genética y ADN.

Nadine Reyes Maldonado, hija de Reyes Amaya (señalado por el EPR como integrante del grupo guerrillero), reiteró que no aceptarán hacerse esas pruebas porque existe fuerte decepción y desconfianza respecto a la investigación gubernamental, la cual sólo tiene como una de varias líneas de investigación la desaparición forzada de personas.

En ellos está la negligencia, la falta de compromiso para esclarecer esta situación. Han pasado dos años y no hay nada en concreto. Lo único que hemos obtenido del gobierno han sido discursos y declaraciones, pero en los hechos no hay nada, aseveró.

Nadine Reyes opina que en México se vive un Estado represivo, al cual no le importa resolver crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, abundó, “seguiremos en esta lucha aquí o en instancias internacionales para exigir la presentación con vida de nuestros familiares.

Ya es como una burla del Estado. Ni a los integrantes de la comisión de mediación les dieron importancia, aun cuando son personajes avalados por una gran trayectoria. Al gobierno no le interesan ni las soluciones pacíficas ni el diálogo, agregó.

Del lado oficial atienden el caso las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, así como la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, especialmente para dar con los responsables de los atentados en Pemex, en 2007, cuya autoría se adjudicó el EPR, como medida de presión para exigir la presentación con vida de sus compañeros, quienes habrían sido secuestrados –de acuerdo con el grupo armado– por militares y policías.

El subsecretario de Gobierno de la SG, Gerónimo Gutiérrez, afirmó en entrevista que una de las hipótesis que trabaja la PGR es la desaparición forzada de personas.

Hay una investigación procesal conforme al marco legal vigente desahogándose sin limitación alguna. Incluso, de manera simultánea, en este caso de la presunta desaparición de dos miembros del EPR, el gobierno federal aceptó un diálogo con un grupo ciudadano propuesto por esa organización, lo cual refleja el interés que existe del gobierno federal en que ese caso sea plenamente esclarecido, manifestó.