El deterioro lento y progresivo del sistema nacional de salud quedó en evidencia durante la emergencia sanitaria por la influenza A/H1N1, así como la necesidad de detener las prácticas administrativas que tienden hacia la privatización de los servicios médicos, afirmó la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames).

La agrupación también urgió al gobierno federal para que modifique el decreto que faculta a la Secretaría de Salud (Ssa) a realizar las acciones que garanticen el control de la enfermedad, incluido el ingreso a domicilios particulares, con el argumento de detener la transmisión del virus.

En un pronunciamiento, la Alames señala que las medidas sanitarias no deben respaldar decretos que ponen en riesgo nuestros derechos, incluido el derecho a la salud. Por el contrario, dice, el texto debe cambiarse por uno que refleje la comprensión y confianza del gobierno hacia los ciudadanos, pues hemos demostrado capacidad, ahora y siempre, para comprender y actuar en el cuidado de la vida.

Y agrega: “No requerimos instrumentos que infundan miedo –el cual paraliza– ni que marquen un ejercicio autoritario”.

La Alames también menciona la necesidad de reorientar el rumbo de la administración pública en materia de salud, hacia un esquema en el que participen los ciudadanos mediante la vigilancia activa y comunitaria, con el objetivo de que se garantice el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud, y al mismo tiempo se eliminen las acciones tendientes a la privatización de los servicios médicos.

Más adelante, el documento de la asociación se refiere a la situación de desprotección en que se encontró el personal médico durante la contingencia sanitaria, y el riesgo de infección al que estuvo expuesto, por la carencia de insumos y de recursos humanos.