La Secretaría de Gobernación (SG) realiza un análisis para identificar potenciales conflictos de cara a la jornada electoral del 5 de julio, particularmente en materia de seguridad y de eventuales enfrentamientos entre fuerzas políticas.

Los acuerdos de colaboración del gobierno federal con las autoridades comiciales tienen el eje de operación en el carácter preventivo. Así, la intervención de funcionarios públicos se hace únicamente a petición de parte; es decir, sólo mediante solicitud de los involucrados en el proceso electoral en curso.

Fuentes gubernamentales señalaron que es necesario identificar potenciales conflictos, vinculados a la seguridad pública, así como situaciones ríspidas que afecten o pongan en riesgo la jornada comicial.

Como se ha difundido, el gobierno federal y las autoridades electorales mantienen comunicación para el intercambio de datos, especialmente cuando se presume que un candidato a puesto de representación popular tiene vínculos, por ejemplo, con la delincuencia organizada.

Lo anterior, en el contexto del llamado blindaje electoral; sin embargo, hasta ahora, sólo el Partido Social Demócrata (PSD) ha solicitado y firmado convenios de apoyo con la SG para la revisión de sus abanderados, de acuerdo con una metodología de evaluación que se utiliza en las áreas de inteligencia civil del gobierno.

De igual forma, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha solicitado apoyo al gobierno nacional para la protección física de candidatos, ante amenazas recibidas, aunque en el organismo han señalado que la labor propia de investigación (ante posibles delitos penales) corresponde a instituciones como la Procuraduría General de la República.

Al respecto, funcionarios de Gobernación afirman que actualmente la labor está centrada en el análisis de información disponible, tanto la generada en órganos como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como en el propio IFE, con el fin de cruzar datos e identificar, entidad por entidad, ciudad o sección electoral, los puntos rojos que deben ser atendidos, antes de que detonen en conflicto.

Aunque formalmente no hay documentos de colaboración –salvo el firmado por el PSD–, los gobernadores también han mostrado disposición de colaborar y de pedir ayuda a la Federación en esta materia.

Por ejemplo, en marzo, en una reunión con mandatarios estatales, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, recibió del gobernador de Sinaloa algunos nombres de precandidatos con antecedentes que merecieron el análisis conjunto.

De igual forma, son impulsados programas de información y prevención del delito electoral con el fin de evitar el uso de recursos públicos en actividades proselitistas o la participación de funcionarios. Esta tarea está a cargo de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales y de la Secretaría de la Función Pública.