San Luis Potosí, SLP, 21 de mayo. A partir de ahora, a toda mujer que aborte en San Luis Potosí se le impondrá una sentencia de uno a tres años en prisión y multa de 20 a 60 días de salario mínimo, al igual quea quienes la ayuden a interrumpir el embarazo.

El Congreso local aprobó esta resolución con el voto mayoritario de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) y de algunos diputados de oposición.

Con 21 votos a favor y cuatro en contra, los legisladores reformaron el artículo 16 de la Constitución local, que ahora estipula: El estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que se respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción.

Los cambios respetan los casos de excepción previstos en el artículo 130 del Código Penal del estado (acción culposa de la mujer, violación o inseminación indebida o peligro de muerte para la embarazada).

Los panistas argumentaron que existen razones científicas, filosóficas, jurídicas, de salud pública y geopolíticas que sustentan esta reforma, que además es compatible con la idiosincrasia y los valores del pueblo potosino.

¿Quiénes son los panistas para venir a decirle a las mujeres cuándo tienen derecho a abortar? ¿Quiénes son para pretender administrar la vagina y la matriz de una mujer?, preguntó en tribuna Guadalupe Almaguer Pardo, diputada disidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero sólo la secundaron dos diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes votaron en contra. El resto, incluidos los perredistas, apoyó al PAN.

Almaguer Pardo aseguró que los panistas impidieron que el tema se discutiera entre la sociedad potosina. La iniciativa fue presentada en diciembre por el panista Vicente Toledo Álvarez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, pero apenas la noche del martes los diputados acordaron en comisiones que la reforma pasara a votación en la sesión de este jueves, sin debate previo.

Ni siquiera dieron tiempo para que grupos de mujeres activistas se organizaran, señaló Teresa de Jesús Mendoza Rivera, dirigente del Partido Social Demócrata, quien se manifestó con un grupo de inconformes durante la sesión.

Antes de que comenzara la sesión llegaron decenas de representantes de organizaciones conservadoras, entre ellas Provida, con pancartas azules, para contrarrestar posibles manifestaciones de opositores al proyecto.

También llegaron panistas, entre ellos el dirigente estatal, Héctor Mendizábal Pérez, quien cabildeó la reforma con el priísta Adolfo Micalco Méndez.

Francisco Javier Salazar Sáenz, ex secretario del Trabajo del gobierno de Vicente Fox, estuvo en primera fila y opinó que se trata de un momento histórico en el cual un principio de doctrina del PAN se convierte en ley. No se puede justificar de ninguna manera matar un niño, dijo.