Nueva York, 20 de mayo. En el país que promueve los derechos laborales en el resto del mundo como parte de su política exterior, esos derechos son cada vez más erosionados, particularmente el más fundamental: el derecho a la sindicalización y negociación del contrato colectivo, según registra una nueva investigación.

Al analizar el comportamiento patronal en elecciones de representación sindical supervisadas por la Junta Nacional de Relaciones Laborales (la agencia federal encargada de monitorear tales procesos) durante el periodo entre 1999 y 2003, la investigación detectó que es una práctica común que los trabajadores sean sujetos por los patrones a amenazas, interrogatorios, hostigamiento, vigilancia y represalias por sus actividades pro sindicales.

En comparación con los 90, los patrones ahora son dos veces más proclives a emplear 10 o más tácticas antisindicales, con mayor enfoque en tácticas coercitivas y punitivas para enfrentar esfuerzos sindicales. Según encuestas, aunque hoy sólo 8 por ciento de los trabajadores del sector privado son sindicalizados, hasta 58 por ciento de la fuerza laboral desea tener representación sindical, afirman los patrocinadores de este trabajo.

La investigación, encabezada por la reconocida experta laboral y profesora de la Universidad Cornell, Kate Bronfenbrenner, y publicada hoy por el Fondo Estadunidense de Educación sobre Derechos Laborales y el Instituto de Política Económica en Washington, registró que en 63 por ciento de los casos los patrones interrogan sus trabajadores en sesiones privadas sobre sus actividades sindicales, 54 por ciento los amenaza en estas reuniones, 57 por ciento advierte sobre el cierre de la fuente de trabajo si se vota por un sindicato, 47 por ciento amenaza con reducir sueldos y prestaciones, y 34 por ciento despide a trabajadores pro sindicales.

Peor aún: si los trabajadores logran superar todos estos obstáculos para crear un sindicato, en 52 por ciento de los casos permanecen sin un contrato colectivo un año después de ganar la elección, y 37 por ciento está en esa situación dos años después del supuesto triunfo sindical.

La investigación documenta el incremento en el uso de tácticas más punitivas en este último periodo comparado con investigaciones anteriores a lo largo de los últimos 20 años. Según el informe, el fracaso del sistema de derechos laborales en este país permite que aun después de una elección sindical exitosa, las maniobras legales que suelen usar las empresas para disputar los resultados puede implicar que una decisión final sobre la elección se alargue entre tres y cinco años.

Para la gran mayoría de los trabajadores que desean sindicatos, pero no los tienen, el derecho a la organización y la negociación de un contrato colectivo libre de la coerción, intimidación y represalias, es en el mejor de los casos una promesa indefinidamente aplazada, declaró la central obrera AFL-CIO en un comunicado sobre la investigación.

El informe No Holds Barred: The Intensification of Employer Opposition to Organizing se puede ver en www.americanrightsatwork.org/dmdocuments/ARAWReports/noholdsbarred.pdf