Ante la existencia de grupos guerrilleros en México, el gobierno federal aseguró que depura los mecanismos para la identificación de riesgos que puedan amenazar la seguridad nacional, especialmente ante hechos protagonizados por células que usan la violencia como forma de expresión política.

Como parte de una política de seguridad nacional este gobierno se ha dado a la tarea de fortalecer, en estricto apego al marco legal, sus capacidades de inteligencia para poder actuar en contra de riesgos y amenazas para el Estado. Esa es su responsabilidad y hay avances sustantivos que nos permiten mejorar esas capacidades, aseveró Gerónimo Gutiérrez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

El funcionario se mostró muy cauto para hablar acerca del tamaño de la guerrilla o para precisar cuántos grupos armados operan en el país, pero aseguró que en el gobierno calderonista no existe política alguna de hostigamiento a ninguna organización o luchador social. Hay un compromiso indeclinable en defensa de los derechos humanos y de las libertades civiles, sostuvo.

Sin embargo, este mes se cumplen dos años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y, hasta el momento, la investigación judicial no ha dado frutos para ubicar el paradero de los guerrilleros.

Se trata de un asunto complicado. No se tiene mucha información al respecto, admitió el funcionario en entrevista con La Jornada.

Tampoco hay avance respecto a un eventual diálogo directo o indirecto con el EPR, luego de que la comisión de mediación (propuesta por los eperristas y aceptada por el gobierno federal) dio por concluida su misión (el 22 de abril pasado), con el argumento de que en Gobernación sólo hay voluntad discursiva pero no de hechos, para aceptar –en principio– la participación de elementos policiales o militares en los hechos vinculados con la desaparición de los eperristas, lo cual –en opinión de los mediadores– constituye un claro caso de desaparición forzada de personas.

Del lado gubernamental sólo se acepta ese tipo de desaparición como una de varias líneas de investigación en curso y, pese al impasse en el diálogo, en Bucareli se encuentran a la espera de la respuesta del EPR, precisamente para saber si continuará la tregua planteada por este grupo desde hace un año.

El subsecretario Gutiérrez fue señalado por los mediadores como un funcionario que mostró desinterés y desorganización intencionada en este proceso; ante ello, responde que la decisión de los mediadores no exime al gobierno de su responsabilidad de seguir investigando el paradero de Reyes Amaya y Cruz Sánchez (vistos por última vez el 24 de mayo de 2007 en la capital de Oaxaca), pero también para dar con los responsables de los atentados en ductos de Pemex, perpetrados por el EPR en ese año, precisamente como medida de presión para exigir la presentación con vida de sus compañeros.

En un trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el gobierno continúa con la tarea de identificar los riesgos o focos rojos, al tiempo de reiterar el llamado a la referida comisión para que reconsidere su decisión.

En 2007, Gobernación argumentó que no pudo evitar los atentados en Pemex porque el Centro de Investigación y Seguridad Nacinal se hallaba desmantelado.

A casi dos años de distancia, el funcionario asegura que se utilizan todos los recursos disponibles para evitar que los riesgos se materialicen. No obstante, el subsecretario insiste en que todos los casos similares –como los de los dirigentes eperristas o los 38 petroleros de Nuevo León que continúan desaparecidos– deben ser expuestos en la vía judicial porque, afirma, la justicia no es un asunto de opiniones sino de evidencias y procedimientos jurisdiccionales.

El 24 de abril pasado, Gobernación emitió un comunicado en el que responde a algunas de las preguntas de los ahora ex mediadores para el caso EPR y se deslinda de la participación de elementos federales en la desaparición de los eperristas.

El subsecretario afirma que la investigación sigue su curso y llamó a los familiares de los eperristas desaparecidos a que colaboren con la autoridad, especialmente para que acepten realizarse una prueba de genética y ADN. Hace ocho meses fueron encontrados en Oaxaca dos cadáveres y, en consecuencia, se requería de ese tipo de estudios para continuar con la indagatoria, dijo.