La detención y condena a 15 años de prisión del general Ricardo Martínez Perea, cuyo proceso por presuntos nexos con el cártel del Golfo se inició en abril de 2001, tuvo origen en la necesidad del gobierno mexicano de obtener la certificación en la lucha antidrogas que otorgaba Estados Unidos, sostiene la esposa del militar, quien revela que en una entrevista que sostuvo con el entonces secretario, Ricardo Clemente Vega García, éste admitió la inocencia de su marido pero le pidió tener paciencia y esperar a que su cónyuge quedara libre.

Pero me engañó, asevera María del Carmen Ledezma. Añadió que radica en San Luis Potosí, pero tuvo que venir al Distrito Federal, con sus tres hijas, para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le informara sobre el paradero de su esposo, ya que no tenía noticias de él desde el 11 de mayo anterior.

A raíz de que salió en la prensa que la Sedena acusaba a mi esposo de ser narcotraficante solicité una audiencia con el secretario Clemente Vega García. Me recibió en su oficina y le pedí que comprobara que mi esposo era culpable, afirma.

“Me dijo: ‘no hay nada. Tenga paciencia. Esto se va a solucionar, se va a arreglar. Lo que pasa es que son cuestiones administrativas. Además, comprenda usted, esta noticia (sobre los nexos del general con el narcotráfico) la dio el señor presidente Vicente Fox Quesada. Comprenda. No se puede uno retractar’.

Entiendo entonces, general secretario, que mi esposo es chivo expiatorio de la Sedena y sirve al gobierno para que Estados Unidos certifique al país. ¿Cuánto tiempo?

Tenga paciencia, señora. Tranquilícese. Esto se va a solucionar, aseveró el militar.

Le doy las gracias, le comento a mi esposo. Tengamos paciencia. No nos queda otra.

Pero pasó el tiempo y se realizó el consejo de guerra (2003). Lo sentenciaron. “Vuelvo a solicitar audiencia y le digo: ‘ya no me ponga trabas. Usted sabe que mi esposo es inocente’. En la oficina del general Vega García estaba el procurador militar, Jaime Antonio López Portillo Leal.

“‘No, señora, que Martínez Perea se vaya a trabajar. Es más, esto ya se va a arreglar. No va a haber ningún problema’. Me dio su palabra de general secretario y me engañó vilmente. Confiamos y solicitamos un último amparo, pero se lo negaron.

Todo eso es doloso. A mi hijo, quien es capitán primero, no lo han dejado ascender. Tememos por su seguridad. Pensamos que este sexenio se iban a arreglar las cosas, porque ellos saben que es un asunto castrense, pero nada. Adelanta que acudirá a instancias internacionales para demostrar la inocencia de su marido.

En marzo pasado un tribunal federal ratificó la condena contra el general y el pasado 9 de mayo fue enviado de la prisión militar del Campo Militar número uno al penal federal de Tepic, Nayarit, con el argumento de que ya es civil, porque perdió el grado.

El cambio se llevó a cabo sin aviso previo al inculpado o la familia, en franca violación a lo que ordenan las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la Defensa Nacional, las cuales estipulan que todo preso tendrá derecho a comunicar inmediatamente a su familia su detención o traslado a otro establecimiento.