A pesar del importante papel del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) en el combate a la influenza A/H1N1, su presupuesto en el primer trimestre de este año se redujo, al pasar de 233 millones de pesos a 221.4 millones, y en ese lapso no ejerció un solo peso, aun cuando padece un preocupante deterioro en sus instalaciones e infraestructura, con 70 años de antigüedad.

En esos tres meses, el gobierno de Felipe Calderón también recortó 20 millones de pesos al presupuesto de la paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (LBRM), aunque el dinero fue aprobado por el Congreso con el fin de construir una planta para producir una vacuna contra la influenza, advierte en un estudio la investigadora Briseida Lavielle, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

La estudiosa de esa asociación, encargada de dar seguimiento al gasto del gobierno federal y denunciar su falta de transparencia, señala que, sin duda, el virus de la influenza ha puesto en evidencia no sólo las carencias que padece desde hace décadas el sector salud, sino también recortes injustificados, subejercicios, lagunas y opacidad en la información pública, además que de 2004 a 2008 sólo 21 por ciento de los recursos aprobados para construir infraestructura sanitaria en el país realmente se transfirió a los estados.

Con base en datos de Hacienda, Lavielle advierte que, según lo planeado por esa dependencia en proyectos para este año, la inversión en el Indre sería para tener más de 65 laboratorios, brindar servicios de diagnóstico, referencia e investigación para el procesamiento de muestras para diagnósticos oportunos y generar información para la vigilancia epidemiológica.

En el análisis costo-eficiencia de la Secretaría de Salud se planteó que el Indre sería parte medular de la vigilancia epidemiológica, porque las autoridades reconocieron que provee una medición más precisa de condiciones de enfermedad humana. Sin embargo, le quitaron 11.5 millones de pesos y ningún recurso ejerció en dicho trimestre.

Se afectó además el proyecto de LBRM dirigido a la construcción de una planta para producir vacuna contra la influenza, cuyo monto es de 668.2 millones de pesos. Para ello se aprobaron este año 368.1 millones de pesos, que significaron un recorte de casi 20 millones de pesos. Por si fuera poco, para el lapso en cuestión, sólo se había ejercido 10 por ciento de los recursos, afirma.

De los recursos para la creación de nueva infraestructura médica para atender a la población sin acceso a la seguridad social –por pobreza–, específicamente el gasto para el Sistema de Protección Social en Salud, Seguro Popular, destaca que no fueron transferidos cabalmente.

Durante los meses de enero y febrero sólo se transfirieron a los estados 10 millones de pesos para la creación de infraestructura sanitaria de un total de más de 2 mil millones de pesos aprobados para 2009, expone.

Lavielle advierte que la indolencia con que es ejercido el gasto público que podría fortalecer el sistema de salud es recurrente, pues desde la creación del Fideicomiso de Protección Social en Salud, de 2004 a 2008, no obstante que recibió 5 mil 380 millones de pesos, sólo transfirió a los estados, para la construcción, mejora y equipamiento de sus establecimientos de salud, 21 por ciento de ese total.

La investigadora subraya que la información pública de ese fideicomiso es escasa, y sostiene que, de cara a la epidemia de la influenza, es urgente que el gobierno federal explique clara y oportunamente por qué se ha subejercido año con año el presupuesto para infraestructura, qué acciones instrumentará a corto y mediano plazos para prevenirlo, cómo se ejercieron los recursos asociados a la contingencia y cómo afectan la perspectiva de inversión en 2009 y 2010.