Ocosingo, Chis. 17 de mayo. No es casual que fuera precisamente en las inmediaciones de Agua Azul donde el gobierno de Chiapas rompió su tregua con las comunidades en resistencia. Aunque oficialmente insistan en que no existe hostilidad política, con torturas y cargos falsos las autoridades iniciaron una persecución contra campesinos que se oponen a la expansión empresarial y turística en sus tierras, y que de tiempo atrás hayan tenido fricciones y conflictos con las policías estatales que controlan la carretera Ocosingo-Palenque.

Tampoco es irrelevante que durante los meses anteriores, según las propias fuentes gubernamentales, el grupo minoritario de ejidatarios priístas, miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), haya recibido dinero de las autoridades por dos rubros: la mina de grava y la caseta de cobro en el acceso a las cascadas de Agua Azul. Ambas habían sido recuperadas por la asamblea de ejidatarios de San Sebastián Bachajón (más de las dos terceras partes de los alrededor de 2 mil que son), adherentes a la otra campaña del EZLN.

El dinero rubricado carece de fundamento, pues el grupo que lo ha estado recibiendo acaparaba hasta 2008 recursos del ejido de manera abusiva, con el respaldo del gobierno municipal priísta de Chilón y sus vecinos del ejido ecoturístico Agua Azul, también de la Opddic. El gobierno estatal mantuvo la paz con esa suerte de indemnizaciones.

Un efecto colateral, pero sintomático, del operativo policiaco realizado el 17 de abril en el crucero de Agua Azul para desalojar el bloqueo de ejidatarios de San Sebastián Bachajón, quienes exigían la liberación de seis compañeros suyos (que días después sumarían ocho), fue devolver a la minoría de ejidatarios oficialistas de la Opddic la mina de grava del ejido y los derechos de peaje en el acceso a las cascadas.

La caseta de los ejidatarios quedó destruida al recuperarla las policías estatales Preventiva (PEP) y de Caminos (PEC), pero los representantes gubernamentales y los dirigentes de la Opddic acordaron repartir las ganancias de la caseta de Agua Azul (administrada ahora por el gobierno) entre los priístas de ambos ejidos. En tanto, la gravera recuperada por la policía estatal ha sido reabierta para ser explotada nuevamente por la minoría de la Opddic, con protección policiaca. Así, el despojo a San Sebastián es doble y oficial. Los beneficios de la mina serán grandes si se llega a construir la autopista a Palenque.

Para que no quepa duda de con quién está el gobierno, días después del desalojo, con 800 policías, funcionarios de la Secretaría de Gobierno se reunieron con los priístas en el centro Alan Sacún (según los ejidatarios de San Sebastián, llegó el propio titular de la dependencia, Noé Castañón León).

Este es el escenario de paz y tranquilidad que dejaron las aprehensiones y el desalojo de ejidatarios de la otra campaña, no obstante la liberación de Miguel Vázquez Moreno, base de apoyo del EZLN, quien era uno de los indígenas encarcelados en El Amate.

Desde 2007 se han reportado aprehensiones arbitrarias y violentas de indígenas en la zona, sin órdenes formales y con variados modos de abuso. Gran notoriedad tuvieron la detención, tortura y prisión exprés, en Playas de Catazajá, de Eliseo Silvano Jiménez y de su hijo, del mismo nombre, capturados en su pueblo, Betel Yochip (Salto de Agua), el primero de febrero de 2008. Ambos bases de apoyo del EZLN, fueron secuestrados por agentes de la PEC y obligados a declararse culpables.

Los organismos civiles que salieron en su defensa y la junta de buen gobierno zapatista de Morelia probaron su inocencia en poco tiempo. Fueron liberados y los policías pasaron de acusadores a acusados; también se demostró su asociación con los miembros de la Opddic en Betel Yochip, que infundadamente habían señalado a los Eliseos como asaltantes en el tramo carretero cercano a Agua Clara.

Pero las arbitrariedades son padecidas por cualquiera. El esquema se repite. También el año pasado un joven indígena del centro Chich (parte de San Sebastián), no identificado con ninguna organización, fue arrestado por la PEC en la puerta de su casa, trasladado a Palenque y torturado para que se confesara culpable. Sólo contó con los servicios del defensor de oficio y hoy está preso, aunque él y su familia insisten en su inocencia.