Sierra Nevada, Colombia

Las tribulaciones de Jukulwa,  sitio sagrado

Claudia Cano Correa, Santa Marta, Colombia. Los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la costa Caribe colombiana, vienen luchando desde hace tres años contra la construcción de un puerto marítimo sobre un lugar sagrado llamado Jukulwa, puerto que fuera autorizado por las autoridades ambientales colombianas sin cumplir los más mínimos requisitos ambientales y de las leyes que protegen los derechos indígenas.

El pasado 14 de abril, los cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada realizaron la tercera concentración pacífica en Jukulwa con el objeto de efectuar un pagamento (ofrenda) a la naturaleza como lo disponen sus tradiciones en tiempos de equinoccio, pero fueron violentamente reprimidos por la policía antimotines, pese a que en la licencia ambiental expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) reza claramente que la empresa constructora Sociedad Puerto Brisa sa debe “garantizar el libre acceso de los indígenas a su sitio de pagamento”.

La historia del litigio es larga. En 1996, una empresa llamada Prodeco  Ltda. intentó por primera vez obtener una licencia ambiental para la construcción de un puerto de similares características al que hoy se construye. Pero la licencia le fue negada porque los institutos técnicos de investigación ambiental, Invemar y Von Humboldt, emitieron conceptos desfavorables puesto que en la zona se encuentra el reducto de manglar más importante de la costa Caribe y dos lagunas costeras que albergan múltiples especies de fauna y flora permanentes y migratorias.

En ese momento, también la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, conceptuó que de acuerdo con las coordenadas del proyecto “no existe presencia regular y permanente de comunidades indígenas. Sin embargo, al realizar el estudio ambiental se deberá permitir a los Mamos indígenas el acceso y, de afectarse, realizar consulta previa”. Desde entonces, los Mamos (máximas autoridades tradicionales) de las comunidades wiwa, kogui, kankuamo y wintukua manifestaron su malestar con el proyecto por tratarse de una zona de pagamento.

En 2006, pese a que los conceptos técnicos aún mantenían su posición frente a la inviabilidad ambiental del proyecto de puerto y los indígenas seguían sosteniendo que ese sitio era sagrado para ellos, el MAVDT, mediante la Resolución 1298 del 30 de junio, decidió otorgar licencia ambiental a la empresa Brisa sa, sin el debido proceso de consulta previa a las comunidades, tal como lo estipula la ley, y en abierta contradicción a la resolución emitida por ese mismo ministerio 10 años atrás en relación al proyecto portuario de las mismas características y en el mismo sitio.

Tres meses después de otorgada la licencia, la empresa constructora destruyó el sitio sagrado abriéndole un boquete de más de 20 metros de altura y otros 20 de ancho, situación que produjo la indignación de los indígenas y que obligó al MAVDT a realizar visitas de inspección que culminaron con la suspensión temporal de la licencia ambiental porque la empresa había incumplido no sólo con la consulta con los pueblos indígenas sino todas las obras de mitigación del impacto ambiental de la obra que se estipulaban en la licencia.

Hace cerca de seis meses, el MAVDT dio de nuevo vía libre a las obras del puerto aduciendo que los indígenas no quisieron realizar ningún tipo de concertación con la empresa y que por lo tanto los términos de la concertación estaban vencidos. Efectivamente, los indígenas no asistieron a algunas de las reuniones de concertación puesto que ellos afirman que “era difícil realizar una consulta sobre un sitio sagrado que ya había sufrido daños considerables y que la consulta debía haberse realizado antes del otorgamiento de la licencia, tal como lo estipula la jurisprudencia expedida por el Consejo de Estado”.

Para el Cabildo Gobernador de la Organización Indígena Gonawindua Tayrona, José de los Santos Sauna: “En Puerto Brisa se hizo como algo personal del Presidente o de los interesados en el Puerto y se ignoraron a los pueblos indígenas. Nosotros siempre estaremos en desacuerdo con el concepto que dio el Ministerio del Interior que decía que en ese sitio no vivían indígenas, porque eso no es así, y las marchas son una prueba de la importancia que este sitio tiene para los indígenas y para la conservación del agua y de la vida de la Sierra Nevada. Por eso parece que el ministerio no tuviera conocimiento de la jurisdicción especial de los indígenas sobre su territorio, desconociendo una resolución de ese mismo ministerio en la que se reconoce la Línea Negra como parte del territorio ancestral y en la cual está claramente descrito que para cualquier actividad que se realice en territorio indígena y en la Línea Negra se debe hacer consulta previa con los indígenas, y en este caso esto no se dio”.

En el caso de Jukulwa no sólo está en juego la supervivencia de la naturaleza también lo está el futuro de las cuatro culturas indígenas de la Sierra Nevada: koguis, wintukuas, wiwas y kankuamos.  “Cada lugar sagrado para nosotros es como un artículo de la constitución, no se puede borrar de un tajo un artículo tan importante, un código que tenemos de referencia histórica o de memoria de lo que es nuestro camino. Los sitios sagrados son la identidad de un pueblo indígena frente a lo que es su territorio” afirmó Danilo Villafañe, dirigente de la comunidad wintukua.

Mamos hacen consulta para entrar a Puerto Brisa