Enmascarado de Saquisilí, 1986. “Sendas del Ecuador”.  Foto: Hugo Cifuentes

Ecuador

La lógica del desarrollo choca con los movimientos

Raúl Zibechi

El 20 de enero se enfrentaron en Ecuador dos modos de estar en el mundo. El gobierno de Rafael Correa —que poco antes impulsó y consiguió ganar un referendo por la reforma constitucional inspirada en la lógica del “buen vivir” (sumak kausay en quichua) y el abandono del modelo neoliberal—, presionó al Congreso para que aprobara la Ley de Minería. Los movimientos sociales convocaron una movilización nacional para oponerse a la explotación minera transnacional. Las fuerzas que se enfrentaron en las calles fueron muy desiguales: hubo heridos y detenidos, gases lacrimógenos y golpes.

Ese 20 de enero, día de la Movilización por la Vida, miles de indígenas salieron a las carreteras como acostumbran hacerlo en cada protesta. Unos 4 mil indígenas cortaron la carretera Latacunga-Ambato en la sierra sur, y otras decenas de miles en múltiples lugares del país, incluyendo protestas en Quito y Cuenca, las dos principales ciudades andinas, pero también en la Amazonia y en la Costa.

Aunque la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) siempre dijo que la movilización sería pacífica, la represión fue importante, con gases lacrimógenos y hasta disparos de bala que provocaron decenas de heridos, algunos de ellos hospitalizados. Puede decirse que la represión no fue muy diferente a la que se registró en otras ocasiones cuando en Ecuador gobernaba la derecha.

A la hora de hacer el balance de las movilizaciones contra la minería, Acción Ecológica mostró su alegría porque “está naciendo una nueva alianza campo-ciudad que recoge los principios del ecologismo”. Destacó que “los argumentos de proteger el agua, fortalecer la soberanía alimentaria, reivindicar el derecho a la consulta, desconfiar de las transnacionales, son ya comprendidos y asumidos por muchos ecuatorianos y ecuatorianas”. Se lamentó del rumbo derechista del gobierno de Correa pese a sus posiciones soberanas como la nueva Constitución y la declaración de ilegitimidad de la deuda externa. “La historia demuestra que cuando un gobierno se derechiza es muy difícil que vuelva a ser de izquierda”, concluye el balance.

Días después, la Conaie envió una “Carta Abierta al Foro Social Mundial” en la que explicaba su “oposición y rechazo” a la presencia de Correa en “un espacio donde históricamente se construyen alternativas y garantías a los derechos de los pueblos y por la vida y no puede ser tribuna para un presidente con posiciones impregnadas de racismo, machismo, paternalismo, discriminatorias, sexistas y violentas”. Quedaba la alerta al Foro que detrás del lenguaje de la “revolución ciudadana” se reprime y atenta contra la dignidad y los derechos y asegura que “la larga noche neoliberal está presente en Ecuador”.

Argumentos en disputa. La Ley de Minería fue analizada con rigor por los movimientos. Se recuerda que la inversión extranjera en Ecuador se ha focalizado siempre en la actividad extractiva y la agroexportación y que la división internacional del trabajo condenó al país a ser exportador de materias primas y productos primarios sin industrializar como cacao, café, banano y otros. “Por cada dólar situado en el país, le ha rendido cuatro a la inversión foránea”

Luego de la segunda guerra mundial se inició un proceso de sustitución de importaciones y de industrialización, se realizaron nacionalizaciones y se estableció un Estado del Bienestar. Pero el país se siguió sosteniendo en base a la exportación de uno o dos productos primarios, lo que lo hizo muy vulnerable. En las últimas décadas su principal exportación es el petróleo, que sin embargo no ha sido capaz de alentar la producción nacional de bienes de capital ni impulsar la exportación de derivados del crudo por lo que “la explotación de petróleo ha devenido en fuente inagotable de pasivos sociales y ambientales”.

Los críticos sostienen que la Ley de Minería “no se corresponde con la visión de país que incorpora la Constitución vigente desde octubre de 2008”, en gran medida porque “rompe el equilibrio entre comunidades y entorno natural impidiendo el libre ejercicio de los derechos”, y, en lugar destacado, “desvirtúa el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano”.

En su artículo 2 (Ámbito de aplicación), la nueva Ley Minera no incluye a las personas comunitarias como sí lo hace con las personas públicas, mixtas o privadas. y en su artículo 3 (Normas supletorias) incurre en la omisión de no destacar “la supremacía de la Constitución política y de los instrumentos internacionales en cuanto a los derechos humanos y ambientales”.

El artículo 15 (Utilidad pública) es uno de los más cuestionados. El informe de Acción Ecológica destaca que no se establece de modo explícito que las concesiones “no deben jamás comprometer el derecho al agua, la soberanía alimentaria, las áreas naturales protegidas, los territorios indígenas y las tierras dedicadas a la producción de alimentos”. El abogado de la Fundación Pachamama, Mario Melo, enfatiza que al declarar la actividad minera de “utilidad pública”, la Constitución autoriza a expropiar tierras en los territorios indígenas “con sólo alegar un supuesto bienestar colectivo”.

El artículo 16 (Dominio del Estado sobre minas y yacimientos) destaca “los intereses nacionales” que naturalmente son definidos por el gobierno de turno, y según la crítica van a responder “a los requerimientos coyunturales de ingresos fiscales, los cuales terminarán imponiéndose al objetivo permanente del buen vivir de las personas que habitan el país”.

El artículo 28 (Libertad de prospección) dice que cualquier empresa “tiene la facultad de prospectar libremente para buscar sustancias minerales”, lo que les permitirá realizar estudios mineros en tierras de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas (en Ecuador hay 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas). En paralelo, el artículo 90 (Procedimiento especial de consulta a los pueblos) indica que dichas consultas se harán conforme al artículo 398 de la Constitución y no al 57. La diferencia es importante: por el 398, si una comunidad o pueblo se opone a la prospección el diferendo “se resuelve con la decisión de la autoridad administrativa superior”. Por el artículo 57, la misma oposición se resuelve “conforme a los instrumentos internacionales aplicables, entre los que está la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, aprobada por el Ecuador, que hace necesario que el resultado de la consulta sea del consentimiento de los consultados para que se realice la actividad prevista”. Acción Ecologista concluye que la Ley “se inscribe en el modelo neoliberal”, ya que privilegia la inversión extranjera, otorga prioridad a los ingresos por sobre los pasivos sociales y ambientales, a la extracción de minerales sobre los derechos humanos de las comunidades afectadas, la conservación de la biodiversidad y las fuentes hídricas. Incluso prevé abrir a la extracción de zonas naturales que están protegidas, a la vez que incluye “disposiciones tendientes a criminalizar la protesta y el ejercicio del derecho a la resistencia”.

Según el informe de Acción Ecológica, el objetivo para el Estado es que la actividad minera sea “una fuente importante de ingresos fiscales, complementaria y ulteriormente sustitutiva del petróleo”. Aunque se defiende la política de aumentar los ingresos del Estado, se considera que los aspectos regresivos refuerzan la dependencia neocolonial del Ecuador. Por último, y muy grave, este modelo extractivista se aleja de la nueva Constitución que dice defender “el modelo de desa­rrollo humano, integral, holístico, para obtener el objetivo del buen vivir, con el ingrediente esencial de no ejercer violencia sobre las personas ni sobre la naturaleza, con la cual se debe mantener una relación de plena armonía”.

Los defensores de la ley aseguran que creará 300 mil puestos de trabajo, vitales para el desarrollo del país, y que no habrá contaminación. Algo que no puede corroborarse y que desmiente el pasado petrolero reciente del Ecuador.

El área destinada para la explotación minera son 5.6 millones de hectáreas, 20% de la superficie del país, que incluye parques nacionales y reservas naturales concesionados desde los años 80.

Clamor continental contra la minería. La actividad minera es la principal causa de conflicto ambiental en América Latina. A lo largo de la cordillera andina existen acciones permanentes contra la salvaje explotación de la minería a cielo abierto. En perspectiva, el movimiento contra la minería a cielo abierto está creciendo de forma exponencial, pese a su corta vida.

En Argentina funcionan nueve yacimientos de oro, plata y cobre, hay cinco en construcción y se exploran otros 140. Hay 70 pueblos de trece provincias afectados por la explotación minera a gran escala. Son cinco mil kilómetros de la cordillera andina donde se instalan empresas de Estados Unidos, Sudáfrica, Gran Bretaña, Suiza, Japón y, sobre todo Canadá, sede de las principales multinacionales del sector. La mina Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, se encuentra entre las diez mayores explotaciones de cobre y las quince de oro del mundo.

En 2002, cuando comenzaron a reunirse los Vecinos Autoconvocados de Esquel, eran la única organización que luchaba contra la minería en Argentina. Hoy son más de cien las asambleas de vecinos movilizados por cuenta propia para denunciar los grandes proyectos multinacionales de la minería, pero también de celulosa y agricultura de monocultivos, agrupados en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

En Chile existe una prolongada movilización contra la mina Pascua Lama. Es un proyecto binacional (Argentina y Chile) de la canadiense Barrick Gold que extraerá oro y plata (se dice que sus reservas son de 20 mil millones de dólares), usará 370 litros de agua por segundo y dinamitará 45 mil toneladas de montaña diarias. El proyecto está trabado por cuestiones legales y por la oposición: el movimiento de resistencia, integrado por agricultores, indígenas e iglesias denunció que Barrick Gold ocultó que los yacimientos están debajo de tres glaciares.

Perú es donde se libra una de las más fuertes batallas de organización social contra la minería en América Latina: la Conacami (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería). Es una joven organización nacida en 1999 en respuesta al “boom minero” de Perú a partir de 1993, que fue de la mano del régimen autoritario de Alberto Fujimori. Son 1 650 comunidades de la costa, la sierra y la selva, que tienen más de mil dirigentes perseguidos.

Perú se convirtió en el primer productor de plata del mundo, tercero de estaño y zinc, cuarto de plomo y cobre, y quinto de molibdeno y oro. Los minerales suponen 45 por ciento de las exportaciones peruanas, pero la actividad minera sólo aporta 4 por ciento de los ingresos del Estado y ocupa al uno por ciento de la población activa. La contaminación le cuesta al país 4 por ciento del producto interno bruto. Se calcula que casi una cuarta parte de la superficie del país, unos 25 millones de hectáreas, está concesionado a empresas mineras.

Ecuador puede mirarse en ese espejo. Por un lado, los conflictos sociales y ambientales de los años noventa pueden multiplicarse, como ya lo anunció la Conaie. La violación de los derechos indígenas y de sus territorios “volverá inviable los proyectos”, advirtió la organización a las empresas mineras, ya que la Ley de Minería viola el artículo 169 de la OIT que reconoce los derechos colectivos. Pero Correa cuenta con el 70 por ciento de apoyo y salió victorioso de las elecciones generales de abril en el marco de la nueva Constitución.

Raúl Zibechi, analista del semanario Brecha de Montevideo. Una versión más amplia de este texto se encuentra en el Programa de las Américas (www.ircamericas.org).