Culiacán, Sin., 16 de mayo. Desconocidos ultimaron a balazos al dirigente campesino Pedro Lugo Rivera cuando se encontraba cerca de su casa, en la comunidad de Ocoroni, municipio de Sinaloa, informó la policía ministerial del estado.

El líder acostumbraba ir a caminar por las mañanas pero este sábado se tardó inusualmente. Sus hijos y esposa fueron a buscarlo y lo encontraron a pocos kilómetros de la casa, con heridas de bala en tórax y abdomen.

Lugo Rivera fue dirigente de la Confederación Nacional Campesina del PRI. Luego ingresó al Frente de Defensa de los Productores Agrícolas, al lado de varios líderes perredistas, y recientemente trabajó en la región junto con Juan Figueroa Fuentes, diputado local del PRD.

Ramón Lucas Lizárraga, dirigente perredista estatal, condenó el asesinato y exigió a los gobiernos federal y estatal adoptar medidas para combatir la violencia y acabar con la impunidad. Todo acto de esta naturaleza es reprobable, sostuvo.

También deploró que impere la violencia en Sinaloa y recordó que además de Lugo Rivera, el 14 de noviembre de 2008 fueron asesinados Rogelio Zamora y otro militante en el municipio de Angostura. El gobierno debe aplicar las medidas necesarias para que estos cobardes asesinatos no queden impunes, reclamó.

El dirigente campesino de Ocorini también colaboró con la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas en el movimiento contra el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y luchó por cambios en la política social del gobierno.

En octubre de 2004, con otros líderes y organizaciones campesinas de Sonora, Michoacán, Puebla, Guerrero y Sinaloa, se manifestó ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el Distrito Federal, para demandar respaldo a sus proyectos agropecuarios.

En esa ocasión, Lugo Rivera dijo que los ejidatarios de Ocorini seguían esperando las tierras de riego que se les prometieron 26 años atrás a cambio de donar 5 mil 400 hectáreas para una presa. Nos despojaron y 350 familias perdieron sus parcelas, denunció en aquel momento.

Expuso que los ejidatarios además llevaban un lustro solicitando al gobierno federal obras de riego y un proyecto de desarrollo agropecuario para la región, pero la Sagarpa les pedía 50 millones de pesos –la mitad del costo– para poner manos a la obra. Y se preguntaba: ¿De dónde vamos a sacar ese dinero?