La Paz, 14 de mayo. El pleno de la Cámara de Diputados, con mayoría del gobernante Movimiento al Socialismo, suspendió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, por el presunto delito de retardación de justicia en varios casos, entre ellos el juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ex ministros por la sangrienta represión en 2003 que dejó 67 muertos y más de 400 heridos.

La Cámara baja enviará esta resolución a la de Senadores, controlada por el opositor y derechista Poder Democrático y Social (Podemos), que se constituye en juez sumariante para determinar si Fernández es culpable del delito que se le acusa.

Existen suficientes evidencias de retardación de justicia, negligencia y actuaciones contrarias a la ley, dijo el diputado masista René Martínez, líder de la comisión que impulsó la acusación.

Así como estaba previsto que la mayoría masista daría curso a la suspensión del presidente de la corte, se prevé también que la mayoría podemista en el Senado declare infundados los cargos y reponga a Fernández en su puesto, lo que podría desatar una crisis de proporciones en el Poder Judicial.

Mientras, Bolivia pidió a Perú y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados revisar su decisión de otorgar asilo a tres ex ministros bolivianos en Lima, acusados en un juicio de responsabilidades en relación con el caso de Sanchez de Lozada.

La cancillería indicó que envió los documentos al respecto para demostrar que no se han violado los derechos de los imputados.

En otro orden, Olga Flores Bedregal, Martha Montiel y Hortensia Gutiérrez de Flores, familiares de desaparecidos políticos que cumplieron 10 días en huelga de hambre en reclamo de la desclasificación de documentos militares para conocer el paradero de los suyos, cuestionaron los acuerdos entre dos organismos de derechos humanos y el alto mando de las fuerzas armadas para verificar la existencia de tales archivos.

Manifestaron que mantendrán su ayuno en tanto no haya una instrucción precisa, por escrito, del presidente Evo Morales de desarchivar dicha información.