A raíz de la denuncia de que fue ilegal el traslado del general Ricardo Martínez Perea de la prisión del Campo Militar Número Uno a un penal federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ordenó a los directores de las cárceles militares que cuando cambien a los detenidos notifiquen a los familiares y a los propios reos.

Después de admitir que hubo un error de la Dirección de Justicia Militar, porque no notificó a los parientes de Martínez Perea que iban a llevarlo al penal federal de Tepic, Nayarit, fuentes oficiales de la dependencia precisaron que la instrucción girada a los directores de las prisiones castrenses del Campo Militar Número Uno; de Zapopan, Jalisco, y de Mazatlán, Sinaloa, tiene el propósito de evitar nuevos reclamos por falta de información.

Por su parte, familiares del militar denunciaron a este diario que continúa incomunicado y que su traslado se hizo de manera irregular, en horas de la madrugada del pasado sábado, sin permitirle siquiera que se llevara sus medicinas para el mal cardiaco que padece.

Después de cuatro días de ignorar su paradero, el pasado martes el director de Justicia Militar, general Roberto Vite, recibió a la señora María del Carmen Ledezma, a quien le dijo en tono molesto que su esposo había sido enviado a una prisión civil porque ya había agotado todos los recursos legales en contra de la sentencia de 15 años de prisión que en abril de 2001 le impuso la justicia castrense por permitir el tráfico de drogas cuando fue comandante de un regimiento de caballería en Tamaulipas.