l pasado 16 de abril, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptaba las modalidades de realización de la iniciativa de su presidente Miguel d’ Escoto, ex ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, convocando para los días primero, 2 y 3 de junio próximo, una Conferencia de los jefes de Estado de los 192 países de la ONU sobre la crisis mundial, esta última tiene su origen en los países del norte y afecta gravemente a los periféricos. El Banco Mundial estima que las 129 naciones más pobres afrontarán en 2009 un déficit de 700 mil millones de dólares. El desfinanciamiento financiero alcanza actualmente la economía real. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 50 millones de trabajadores perderán su empleo en menos de un año.

Para hacer frente a la grave crisis mundial se requiere la participación de toda la comunidad internacional. El G-20 se ha autoproclamado el árbitro mundial, pero falta la legitimidad jurídica y moral para tomar las decisiones que afectan al conjunto de los países del mundo.

En efecto, este grupo de naciones representa más de 80 por ciento del peso económico mundial, pero su poder decisional significa que las víctimas no tienen derecho a la palabra. Sin embargo, es entre ellos que se encuentran los principales expertos en materia de pobreza.

Para preparar la Conferencia de los jefes de Estado (el G-192), una Comisión por las Reformas del Sistema Financiero y Monetario Internacional fue creada bajo la dirección de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y ex vicepresidente del Banco Mundial. Esta comisión está compuesta por 20 miembros, esencialmente economistas, ex ministros de Finanzas o directores de bancas centrales tanto de los paises del norte como aquellos del sur.

En efecto, el G-20 no se ha mostrado a la altura de los desafíos de este momento de grave crisis mundial. En un editorial del New York Times, del 7 de abril, con respecto a la promesa de apoyo a las economías de la periferia, se podía leer: Una parte del dinero ya había sido asignada, otra es el resultado de un doble cálculo, y otra parte será pagada en moneda de síntesis y no en efectivos.

Por otro lado, las medidas que conciernen a los paraísos fiscales son incompletas y parcializadas. Las principales plazas anglosajonas no son concernidas por estas medidas. La aplicacion de las medidas políticas en relación con los países del sur son confiadas al Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los principales autores de las acciones procíclicas aplicadas en la periferia.

En lo que concierne a las reformas de las instituciones financieras, se reducen a algunos votos suplementarios para los países emergentes y abre posibilidades de su dirección a representantes de otros países y no solamente a los de Estados Unidos y Europa. La Comisión de Naciones Unidas va más lejos. Ella se ocupa con más firmeza de los paraísos fiscales y del secreto bancario. Prevé normas más estrictas de funcionamiento (exigencias de más fondos y normas armonizadas de contabilidad) para las otras instituciones financieras y para las agencias de notificación. Propone terminar con el monopolio del FMI sobre los derechos especiales de giro (SDR) y de regionalizar el sistema a través, por ejemplo, del Banco del Sur en América Latina o la iniciativa de Chieng Mai en Asia. Sugiere, además, reformas más profundas de las organizaciones de Bretton Woods (Banco Mundial y FMI).

Finalmente recomienda la construcción de un Consejo Mundial de Coordinación Económica, paralelo al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, reuniendo anualmente a los jefes de gobierno, con el fin de evaluar la situación económica, social y ecológica del mundo. En lo que concierne a la ejecución de medidas, estima necesario la puesta en funcionamiento de dos autoridades mundiales: una de regulación financiera y la otra sobre la competición.

Ciertas naciones del G-20 hacen presión para que los jefes de Estado no estén presentes en la conferencia de junio y se hagan representar por un ministro o un embajador. Como se ve, lo que está en juego es muy importante. La crisis, pues, no es solamente financiera, sino también alimentaria, energética (habrá que cambiar de ciclo dentro de los próximos 50 años y aquello demandará compromisos financieros considerables), climática (mucho más seria de lo que piensa) y finalmente social y humanitaria (mil millones de personas viven por debajo de la linea de pobreza).

Regular el sistema financiero y monetario mundial es, desde luego, solamente un paso en un proceso más fundamental. Volver a poner en funcionamiento el sistema económico está bién, pero, ¿con qué objetivo ? Si es para volver a comenzar como antes, con la misma lógica depredadora de los recursos naturales y creadora de inmensas desigualdades sociales, entonces se tendrá que volver a empezar todo de nuevo en menos de 20 años. Se debe pensar en cambiar tanto en los parámetros de las relaciones con la naturaleza, como la definición de la economía, la organización política mundial y la concepción misma de desarrollo y del crecimiento económico.

Aquello vale una reunión de jefes de Estado. ¡He aquí por qué la presión de la opinión pública, de los movimientos sociales, de los partidos políticos, de los intelectuales, es fundamental para que dentro de cada país, la participación a la conferencia de junio (el G-192) sea del más alto nivel.

* Profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina, representante personal del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas ante la Comisión por la Reforma del sistema financiero y monetario internacional