Guanajuato, Gto., 9 de mayo. El Partido del Trabajo podría expulsar a su diputada Dulce María Badillo por sumarse a la llamada ley antiaborto y operar, de hecho, como fiel de la balanza, al permitir la mayoría de 70 por ciento de los votos que necesitaba el PAN para reformar la Constitución de Guanajuato.

El dirigente petista estatal, Rodolfo Solís Parga, dijo que incluso antes de discutirse la iniciativa se pidió a la legisladora no avalarla; y lamentó profundamente que Badillo votase en favor de lo que definió como posiciones personales y subjetivas que dejan de lado el interés general y soslayan consideraciones científicas.

El PT no avala ni votó por la reforma que garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que tendrá impactos desastrosos en las excluyentes de responsabilidad penal para abortos en caso de violación y cuando está en riesgo la vida de la madre, manifestó el también diputado federal.

“La reforma panista es una regresión que vulnera los derechos de la mujer y Badillo –que no es diputada por su trayectoria ni por su interés personal– debía simplemente atender la indicación del partido”, argumentó.

Sobre la presunta negociación de la diputada petista con el PAN para que no se fincaran responsabilidades a su esposo Carlos Manuel Torres y a ella misma por irregularidades cometidas como alcalde y presidenta del DIF de San Diego de la Unión, respectivamente, Solís Parga respondió: No vamos a solapar actos de corrupción.

Por su parte, el presidente del PRI estatal, Luis González Uribe, publicó un desplegado para deslindarse de la reforma aprobada el viernes por 26 votos, incluidos los de Rosario de la Vega Mayagoitia y Anastacio Rosiles, diputados traidores que incurrieron en una conducta indigna y cuyo caso se turnará a la Comisión Nacional de Justicia del PRI para que sean sancionados, señaló.

Retroceso histórico: PRD

A su vez el presidente del PRD en Guanajuato, Miguel Alonso Raya, dijo que el cambio constitucional es un retroceso histórico de una ley actual que permite a las mujeres embarazadas en una violación decidir sobre su maternidad.

Actualmente el artículo 163 del Código Penal del estado estipula que no es punible el aborto cuando sea causado por culpa de la mujer encinta, ni el procurado o consentido por ella cuando el embarazo resulte de una violación.

El supuesto derecho a la vida promovido por el panismo en realidad condena a muerte a un mayor número de mujeres, en especial las de menos recursos económicos o que no tuvieron acceso a una mejor educación y mejores condiciones de desarrollo, expresó.

Para su validación, la reforma del artículo primero constitucional todavía requiere apoyo de 24 de los 46 ayuntamientos del estado, lo que se da por hecho pues el PAN gobierna en 36.