En algunas entidades de México el ejercicio del periodismo se ha convertido en una profesión de extremo riesgo, sobre todo por la vulnerabilidad de los profesionales de la información ante el narcotráfico, señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su informe anual sobre el tema, destaca que de 1995 a 2008 han sido asesinados 37 periodistas en México por razones ligadas al ejercicio de su profesión, aunque resalta que hay otros casos de homicidios en ese periodo que no han sido incluidos en la estadística, en la medida en que aún no existe una clara conexión de éstos con el ejercicio de la labor informativa. También denuncia que hay reportes de comunicadores desaparecidos en el país.

Frente a este panorama, la CIDH exige al Estado mexicano prevenir la violencia contra ese gremio, realizar investigaciones exhaustivas sobre las violaciones a la libertad de expresión, crear mecanismos de protección y seguridad para los comunicadores, diseñar estrategias que impulsen las indagaciones sobre asesinatos y ataques en su contra, avanzar efectivamente en la sanción a los responsables de esos actos y adoptar medidas para garantizar su vida e integridad profesional, así como su derecho a la libertad de expresión.

“Si el Estado actúa de modo que la violación quede impune y no se restablezca en cuanto sea posible a la víctima la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando tolere que los particulares –individual o grupalmente– actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

En el informe, el organismo destaca que son de llamar la atención las declaraciones que el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), Octavio Orellana, realizó en diciembre de 2008, en las que señaló que hay una percepción errónea de que México es el país donde más homicidios contra periodistas se cometen, pero eso no es cierto. Al respecto, la CIDH manifestó preocupación frente a un contexto de insuficiente respuesta estatal frente a estos crímenes, precisamente por su alto número y complejidad.

Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos HumanosFoto Carlos Cisneros

Agregó que en tres años de labor de la FEADP, esa oficina carece de recursos humanos y financieros para ejecutar su tarea. Preocupa a la relatoría especial esta circunstancia, tomando en cuenta el alto número de casos pendientes relativos a asesinatos y actos de agresión y amenaza contra periodistas en México. Es de suma importancia la existencia de una oficina de esta naturaleza, con personal específicamente asignado a dicha temática, por lo que exhorta al Estado a que provea a esta oficina de los recursos presupuestarios necesarios para la investigación de dichos crímenes.

Asimismo, indica que durante 2008 recibió información que revela que periodistas y medios de comunicación mexicanos continúan siendo objeto de amenazas, actos de violencia e intimidación por su cobertura sobre la actuación del crimen organizado y el encubrimiento de actos de corrupción, acciones que motivan la autocensura.

Agrega que otro hecho preocupante es que diversas radios comunitarias han recibido amenazas de cierre y suspensión de licencias, en operativos coordinados por la Policía Federal Preventiva.

La relatoría especial insta al Estado a investigar con celeridad todos estos casos y realizar sus máximos esfuerzos para evitar que estos crímenes queden en la impunidad. La falta de sanciones a los responsables materiales e intelectuales de los homicidios, agresiones, amenazas y ataques relacionados con el ejercicio de la actividad periodística propicia la ocurrencia de nuevos delitos.