Irapuato, Gto., 7 de mayo. La Secretaría de Salud de Guanajuato no podía practicar un aborto a Laura –joven que fue violada en el municipio de Santa Catarina– porque se necesita la orden de un juez que determine que efectivamente fue víctima de abuso sexual, argumentó hoy Armando Aguirre Torres, titular de la dependencia.

El gobierno del estado está a favor de la vida desde el momento mismo de la concepción hasta los últimos días de una muerte natural. Somos respetuosos de las leyes, de las normas, y hasta este momento la secretaría no tiene la instrucción de un juez, dijo el funcionario.

Mientras, en contra de las afirmaciones de Laura, quien reiteradamente ha solicitado que le practiquen un aborto, el gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez negó que la joven haya pretendido interrumpir su embarazo y que funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) hayan amenazado con encarcelarla en caso de que lo hiciera.

No, yo tengo una versión al día de hoy, por parte del procurador (Carlos Zamarripa Aguirre), que espero se las dé a conocer, donde se precisa que esta persona manifiesta su derecho libre y responsable de tener al bebé, aseveró durante una gira por Irapuato.

Zamarripa Aguirre aseveró por su parte que desde el inicio le informaron a la joven que no había problema si quería abortar porque en Guanajuato no es delito hacerlo cuando el embarazo es producto de una violación.

Sin embargo, quiero enfatizar de manera contundente que dentro del expediente de la averiguación previa no hay ninguna manifestación por parte de ella en ese sentido (que quisiera abortar). Es falaz ese comentario.

Es mentira que se amenazara a Laura con encerrarla si abortaba, porque el miércoles salió de la casa de su hermana en Querétaro para ir a reiterar ante el Ministerio Público en Guanajuato que quería continuar con el embarazo, expuso.

Teresa Macías, agente del Ministerio Público de Guanajuato especializada en delitos sexuales, a quien se acusa de haber amenazado con encarcelar a una víctima de violación que deseaba abortarFoto Carlos García

En rueda de prensa, el procurador de justicia anunció que se ejerció acción penal contra Manuel Hernández Ríos, el presunto violador, con base en la averiguación previa 43/09, la cual fue consignada ante un juez.

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Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, y María Isabel Rodríguez Sánchez, sicóloga del hospital de San Luis de la Paz, recordaron que Laura les dijo que Teresa Macías, agente del Ministerio Público especializada en delitos sexuales), la amenazó con llevarla a prisión si abortaba. Ambas coincidieron en que el 28 de abril, en la casa de la víctima en Santa Catarina, la agente la amedrentó.

Me dijo que el embarazo era producto de una violación, que no tenía apoyo de nadie, que estaba sola y sólo quería es que la ayudáramos a abortar, recordó a su vez Mónica Cuendis Velázquez, ginecóloga del nosocomio.

Este viernes organizaciones de mujeres se manifestarán en la sesión del Congreso local donde se votará la iniciativa de ley antiaborto promovida por el Partido Acción Nacional (PAN).

Además, 123 organizaciones solicitaron a la Secretaría de Gobernación que declare una alerta de género en Guanajuato, porque en esa entidad no hay leyes que protejan a las mujeres.

Diversas organizaciones católicas de Guanajuato han demandado recientemente al gobierno del estado buscar alternativas para impedir la aplicación de la norma oficial mexicana (NOM) 046 sobre violencia familiar y sexual contra las mujeres, la cual especifica: En caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre o, a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.