Oaxaca, Oax., 6 de mayo. Elementos de las policías estatal y Federal Preventiva, con equipo antimotines y perros, desalojaron hoy a pobladores que desde marzo bloqueaban el acceso a la mina Cuzcatlán, propiedad de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, ubicada en San José del Progreso Ocotlán, municipio situado a 46 kilómetros de la capital del estado.

Algunos inconformes se enfrentaron a los agentes con palos y piedras. Hubo 18 detenidos y varios lesionados, entre ellos Armando Jiménez Osorio, oficial de la Policía Estatal Preventiva, quien sufrió una fractura en el maxilar inferior por una pedrada y fue internado en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los manifestantes, miembros de la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del Valle de Ocotlán y del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), asociada a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ocuparon la mina en demanda de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cancele la concesión del yacimiento porque su explotación contamina mantos freáticos y ríos, y no existe un estudio de impacto ambiental que avale su operación.

La acción policiaca comenzó a las siete de la mañana, cuando 740 policías salieron del municipio de Santa María Coyotepec, donde se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública. Los agentes encontraron resistencia de algunos pobladores que intentaron cerrar el paso al convoy.

Luego de varios minutos de tensión, los uniformados llegaron a la mina, donde los aguardaban un centenar de pobladores. Entre jaloneos, los agentes tomaron el control del yacimiento del palacio municipal.

En el operativo, encabezado por Jorge Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de la policía estatal, y Armando Cabrera Vásquez, comisario de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca, los agentes detuvieron a 18 personas, entre ellas dos menores de edad, por ataques a las vías de comunicación y lesiones.

El operativo fue legal: secretario de Gobierno

Jorge Toledo Luis, secretario general de Gobierno, dijo que el desalojo fue a petición de las autoridades municipales de San José del Progreso y de los concesionarios de la mina. Expuso que se actuó con estricto cumplimiento del estado de derecho y bajo la supervisión de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y agentes del Ministerio Público federales y estatales.

Pasado el mediodía, integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la APPO pidieron apoyo a sus bases y alrededor de las 14 horas bloquearon la carretera internacional Cristóbal Colón, frente a la Ciudad Administrativa, para demandar la libertad de los detenidos. Autoridades de diversas dependencias ordenaron desalojar a todo su personal, que apenas hoy había reanudado labores luego de la contingencia sanitaria de la semana pasada.

Los inconformes retuvieron autobuses suburbanos para cerrar la carretera y por la tarde instalaron un plantón frente a la Procuraduría General de Justicia del estado para que el gobierno estatal liberara a los encarcelados.

Cástulo López Pacheco, miembro de la Comisión Política del Codep y consejero estatal de la APPO, reprobó el uso de la fuerza. Aseguró que los manifestantes fueron tratados como delincuentes por defender los recursos naturales, y anunció que se reagruparán para responder la represión. Dijo que la mina contamina los cuerpos de agua con cianuro, mercurio, sulfato de cobre y arsénico, por lo que exigen su cierre.