El paquete de iniciativas presidenciales para legalizar la presencia del Ejército en las calles y concretar estados de excepción en el país quedará pendiente hasta el próximo periodo de sesiones de septiembre debido a la situación de emergencia sanitaria que enfrenta el país, aunada a las reacciones de diversos sectores en contra.

No podemos aprobar al vapor una iniciativa que pretende militariza la vida nacional y avanza hacia un Estado policiaco, advirtió el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Tomás Torres, mientras que el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, dijo que es muy poco probable que las cuatro iniciativas del Ejecutivo puedan analizarse antes de esa fecha, ya que si se acuerda llamar a un periodo extraordinario de sesiones, será sólo para resolver temas relacionados con el brote epidémico de influenza.

El senador Torres explicó que de las iniciativas, la que más preocupa es la que reforma la Ley de Seguridad Nacional, ya que plantea dar a las fuerzas armadas mayores facultades de las que le confiere la Constitución, además de que permite que el Ejecutivo decrete estados de emergencia o de excepción en entidades, municipios y regiones, sin la participación del Congreso.

En la iniciativa se indica que el Ejército podrá obtener, recolectar, clasificar, registrar, analizar y almacenar información sobre hechos relacionados con afectación a la seguridad interior y requerir además otros datos a las autoridades y al Poder Judicial.

Asimismo, las fuerzas armadas podrán verificar la no circulación de mercancías o efectos ilícitos y de personas requeridas por la autoridad, así como el cumplimiento de las leyes de orden público.

Son, recalcó Tomás Torres, medidas que requieren analizarse y discutirse de manera minuciosa, abierta, con expertos en la materia y con todos los interesados. Los próximos cuatro meses del receso legislativo debemos aprovecharlos para hacer una consulta en torno a las iniciativas de Calderón, para que cuando el Congreso reanude actividades en septiembre, lleguemos ya con una postura.

Otra de las propuestas presidenciales modifica el Código de Justicia Militar, para endurecer las penas, que llegarían hasta 60 años de cárcel para aquellos miembros de las fuerzas armadas que pasen a las filas del crimen organizado, colaboren con bandas criminales o impidan su detención.

Al respecto, el senador perredista Lázaro Mazón advirtió que ese Código de Justicia Militar debe ser modificado también con miras a que los integrantes del Ejército puedan ser juzgados por el fuero civil cuando se trate de violaciones a los derechos humanos, y no por una autoridad castrense, como actualmente sucede.

Informó que presentó una iniciativa en ese sentido y espera que se dictamine conjuntamente con la de Calderón, ya que se han dado a conocer diversos reportes que señalan “más de 6 mil quejas contra los militares por violaciones a los derechos humanos, algunas realizadas bajo el amparo de operativos contra el narcotráfico”.