La emergencia sanitaria por el brote de influenza AH1N1 dejó al descubierto los rezagos en el sistema de salud que tiene México desde hace varios años y la deficiente asignación de los recursos públicos, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En consecuencia, destacó, aunque se ha informado que existe capacidad financiera para hacer frente a la situación, las autoridades tuvieron que recurrir al Banco Mundial para obtener un financiamiento inmediato por 25 millones de dólares para la compra de medicamentos, suministros médicos y equipo epidemiológico; además, se acordó otro financiamiento de rápido desembolso por 180 millones de dólares para desplegar un espectro amplio de medidas estratégicas, institucionales y operativas, para dar una respuesta efectiva a la actual contingencia.

En su reporte semanal, el CEESP advirtió que la incapacidad que tiene el país de hacer los análisis pertinentes sobre virus que pueden convertirse en un factor de riesgo importante para la población, hace evidente los pocos avances de inversión en investigación, que sin duda es un tema prioritario para el país.

Agregó que algunas cifras sobre la evolución del gasto en materia de salud resaltan los rezagos que persisten desde hace varios años. Apuntó que los reportes de la Secretaría de Hacienda indican que si bien a partir de 2005 el incremento real en el gasto programable en salud muestra un ritmo de crecimiento importante, el monto todavía es reducido, pues en 2008 fue de sólo 0.6 por ciento del producto interno bruto, mientras en 2005 fue de 0.3 por ciento.

El organismo señaló que aunque prácticamente se duplicaron los recursos –al pasar de 32 mil 67 a 67 mil 50 millones de pesos–, es evidente que esta cifra no es suficiente para atender con mayor eficiencia la salud de la población. Hay que tener en cuenta, dijo, que de estos recursos un porcentaje importante es absorbido por la nómina del sector.

Sin duda el gobierno federal tiene la obligación de canalizar los mayores recursos a actividades que redunden en un beneficio de la población, como un mejor sistema educativo, infraestructura, seguridad pública y, uno de los más importantes, un sistema de salud que tenga la capacidad de atender a toda la población, pero en especial, de hacer frente a cualquier contingencia sanitaria, como la que aqueja al país.

Por ello, el CEESP planteó que dentro de las reformas estructurales que se requieren está la necesidad de mejorar la cobertura médica para la población, la investigación científica y la capacidad de atención en contingencias sanitarias.