Del paquete de dieciséis iniciativas de ley que envió el Ejecutivo local a la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la mitad han sido dictaminadas y aprobadas, mientras que el resto se encuentran congeladas en las diferentes comisiones, con pocas posibilidades de que salgan en el periodo extraordinario, a pesar de las promesas de los diputados.

Aunque en algunos de los casos, éstas han sido detenidas en aras de un análisis a fondo, lo cierto es que en la mayoría la falta de acuerdos entre los grupos políticos, incluso el desinterés o el bloqueo de legisladores de oposición, no han permitido que iniciativas como la de fijar una tarifa para el transporte público o la de tramitar una licencia ambiental única para el Distrito Federal salgan a la luz.

De hecho, estas dos son de las más rezagadas, pues se presentaron en abril y mayo del año pasado. En el primer caso, el presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad, Tomás Pliego, confió en que haya sensibilidad de sus homólogos para sacar la ley de movilidad –que derogaría la actual Ley de Transporte y Vialidad–, en la que, con algunos cambios, están integradas las reformas que propuso, en su momento, el gobierno capitalino.

La aprobación del dictamen se atoró debido a que también se había incluido la iniciativa sobre la regulación de las marchas, pero ya se sacó del debate, por lo que no tendría que haber ningún problema para aprobarla en el periodo extraordinario, expresó el perredista, quien explicó que entre las modificaciones hechas a las propuestas del Ejecutivo estatal está fijar las tarifas del transporte colectivo concesionado conforme se incremente el salario mínimo y no con base en la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Acerca de la iniciativa que reforma la Ley Ambiental, en la cual se incluye la obligatoriedad de las instituciones educativas a contar con el servicio de transporte escolar, se enfrenta una situación similar. Diputados que integran las tres comisiones, donde se turnó el proyecto, se acusan entre sí de bloquearla y no citar a las reuniones de trabajo para su discusión.

En la Comisión de Medio Ambiente y Protección Ecológica, en la que, se dice, existe disposición para avalar la iniciativa, se acusa directamente a la de Administración Pública Local, presidida por la panista Kenia López Rabadán, de no mostrar ningún interés en sacar adelante el dictamen.

A esta misma comisión, por cierto, se turnaron otros dos proyectos que “duermen el sueño de los justos: el del observatorio ciudadano de la ciudad de México y el de la Ley Orgánica de la procuraduría capitalina. Este último, incluso, fue motivo de debate entre panistas y perredistas en el pleno debido al retraso en el dictamen. A decir de Daniel Ordóñez, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se envió a López Rabadán el documento sin que haya retornado con las observaciones pertinentes.

Otro caso es la iniciativa que busca crear el consejo ciudadano de seguridad pública y procuración de justicia turnado a la Comisión de Seguridad Pública. Su presidenta, la diputada Carmen Segura, aseguró que se está analizando a fondo junto con otras iniciativas, que se integrarán para crear la ley que regula la participación ciudadana y vecinal en la seguridad pública.

Nosotros no queremos descartar ninguna propuesta, se está dejando en esta ley la facultad al jefe de Gobierno para que cree estructuras, no queremos excluir sus planteamientos, sino que armonicen y que no compiten entre sí, apuntó.