Medio centenar de organizaciones civiles del país e internacionales exhortaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que se pronuncie de forma irrevocable sobre las graves y persistentes violaciones a los derechos de las mujeres en las que ha incurrido el Estado mexicano, y a que señale medidas contundentes para la reparación del daño ocasionado a familias de las tres asesinadas en Ciudad Juárez a finales de 2001.

La petición de las organizaciones Fundar, Centro de Análisis e Información; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Comité De América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y otras, se realiza en los momentos en que México es enjuiciado por ese organismo interamericano por el caso conocido como Campo Algodonero.

Se trata de la desaparición, tortura y homicidio de tres mujeres, dos de ellas adolescentes, cuyos nombres eran Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, quienes aparecieron sin vida junto a otros cinco cadáveres arrojados en un campo algodonero de Ciudad Juárez.

Las agrupaciones externaron su preocupación porque las defensoras de los derechos humanos han visto amenazada su integridad así como la de sus familias por las denuncias presentadas sobre los asesinatos en aquella ciudad fronteriza, los cuales suman más de 450 en los recientes años.

Sobre esos hechos, las agrupaciones plantearon que no obstante que sus pares de Ciudad Juárez, Chihuahua, han denunciado y registrado desde 1993 desapariciones y homicidios de género, las autoridades de los tres niveles de gobierno –locales, estatales y federales– han actuado de manera omisa, negligente y discriminatoria.

En ese contexto, señalan que a ocho años de los crímenes de Esmeralda, Claudia y Laura, éstos han permanecido en la impunidad.

En adición, las madres de las jóvenes asesinadas, Irma, Josefina y Claudia, incluidas sus defensoras, han sido objeto de hostigamiento, amenazas y descalificaciones por parte de agentes del Estado mexicano, aseguraron.

Optismo de familiares y defensores

No obstante, celebran que, por fin, al llevarse el caso ante la CIDH, las madres de las jóvenes violadas y ultimadas hayan sido escuchadas por un tribunal imparcial, este 28 y 29 de abril en Santiago de Chile.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos afronta el reto de escuchar este caso, el cual representa una grave y continua violación a los derechos de las mujeres por parte del Estado mexicano, plantean en una carta.

También manifiestan su esperanza en el sentido de que la “Corte siente las bases de la responsabilidad estatal sobre la violencia contra las mujeres (en Ciudad Juárez), la cual está sustentada en históricas relaciones de desigualdad entre las mujeres y los hombres, y afecta siempre a un conjunto amplio de éstas y a todas en tanto género.

Es requisito indispensable para la  reconstrucción social en Ciudad Juárez acceder a la verdad y a la justicia en estos casos, expresaron el Movimiento pro Emancipación de la Mujer Chilena, Observatorio de Equidad de Género en Salud, Radio Internacional Feminista, Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, Propuesta Cívica, AC y la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, entre otras.