Por la noche, la Secretaría de Gobernación aseguró que ningún servidor público, incluidos aquellos que forman parte de las fuerzas armadas, goza de impunidad. Admitió, sin embargo, que la intervención de las fuerzas armadas en el combate al crimen y la delincuencia organizada genera problemas en el contacto con la ciudadanía, por lo que, aseguró, se han adoptado medidas para prevenirlos.

Dijo que las resoluciones del Tribunal Militar pueden ser remitidos ante la justicia civil, mediante juicio de amparo. Aseveró incluso que es práctica habitual en los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de circuito conocer de demandas de amparo en las que interviene como parte dicho tribunal militar.

En un boletín de prensa, informó que el gobierno federal analizará con detenimiento el informe de Human Rights Watch, presentado este miércoles, y formulará las consideraciones pertinentes en su momento.

Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional ha aceptado todas las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha formulado con motivo de la actuación de personal del Ejército en tareas de seguridad pública.

Por segundo día, durante esta semana, la dependencia señaló que el gobierno calderonista ha mantenido un claro compromiso con la promoción y respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos, y ha demostrado su plena voluntad para fortalecer el estado de derecho y sancionar las violaciones que pudiera cometer cualquier autoridad.