Monterrey, NL, 29 de abril. La Procuraduría General de la República (PGR), por conducto de la Unidad Especializada en Investigación sobre Tráfico de Infantes y Órganos, informó que atrajo el caso de tres menores desaparecidos hace cuatro meses y medio, quienes estarían en manos de líderes de la secta religiosa Los Perfectos, que operaba en esta ciudad el Centro de Adaptación e Integración Familiar, AC (CAIFAC).

Consuelo Morales Elizondo, coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos (CADHAC), y Alicia Leal Puerta, fundadora de Alternativas Pacíficas (Alpac), informaron que con esta decisión la PGR respondió una exigencia que esas organizaciones hicieron al mediodía de este miércoles: presentar a los hermanos Adriana Guadalupe, de 13 años, y Julio César Castañeda Bernal, de 11, así como a su prima Diana Lizeth Bernal Hernández, de 12 años.

Hace una semana la PGR pidió a la procuraduría estatal el expediente de la averiguación previa 2554/2008-VII-4.

Las dirigentes de las organizaciones no gubernamentales expusieron que los menores están en riesgo; por ello llamaron a enviar peticiones telefónicas o por escrito a la PGJE para que envíe de inmediato la averiguación a la unidad especializada, que forma parte de la Subprocuraduría en Investigaciones Especializadas sobre Delincuencia Organizada (SIEDO).

En vísperas del Día del Niño, Morales Elizondo y Leal Puerta preguntaron: ¿Por qué no avanza la búsqueda?, ¿Quién o quiénes están de por medio? ¿Acaso se está protegiendo al o a los responsables? ¿Por qué no hay justicia para los niños en Nuevo León? ¿Realmente les interesa a las autoridades localizarlos?

Abusos de autoridades

En cuanto a otros 24 infantes que fueron sacados del CAIFAC en cateos que realizó la PGJE en varios domicilios, Morales y Leal apuntaron que la agente del Ministerio Público número 7 en Justicia Familiar, Martha Nelly Mireles, violó los derechos de los menores, pues con el argumento de que se necesitan realizar diversas diligencias como parte de la indagatoria, los mantiene alejados de sus familiares, en las instalaciones del DIF Capullos, como si ellos fuesen los responsables de la desaparición de los niños y no víctimas de las acciones del personal del CAIFAC.