De nueva cuenta la Cámara de Diputados estableció récord en aprobación de leyes, reformas, adiciones y puntos de acuerdo. Mediaron dos horas con 15 minutos para que los legisladores, con incómodo cubrebocas de por medio, sin que al parecer razonaran su voto y mucho menos argumentaran sus posiciones a favor o en contra, dieran por buenos 11 dictámenes con cambios a la Constitución y legislaciones específicas, y 10 puntos de acuerdo y exhortos.

En una de las ya acostumbradas sesiones del órgano legislativo federal, a la prisa y el afán desmedido de quedar bien con el país, y con el Presidente de la República, como refirió el priísta Samuel Aguilar, se sobrepuso el frenesí por aprobar los dictámenes que a lo largo del feneciente periodo ordinario de sesiones se dejaron hasta el final, por la abulia y la escasez de acuerdos, cuando ya no hubo más remedio que aplicar el recurrente trámite del fast track.

Sin rubor, con el objetivo específico de abandonar cuanto antes el salón de plenos a causa del temor de contraer la influenza porcina, los 392 diputados que acudieron a San Lázaro se dedicaron a dar el sí a las leyes y reformas que sus coordinadores parlamentarios les dijeron, sin meditar su contenido y mucho menos leer los textos de la Gaceta Parlamentaria.

En automático levantaban el dedo índice, a la mínima orden emitida desde la secretaría de la mesa directiva. En votación económica se aprobaron en un solo trámite un paquete de cuatro leyes y reformas de carácter fiscal. Minutos más tarde tocó el turno a un conjunto de cinco dictámenes, y por último uno solo por el cual se reformó el artículo 73 de la Constitución referente a fortalecer la capacidad de expedir leyes a la Cámara de Diputados. Por último, en el trámite más apresurado de la tarde, se aprobaron 10 puntos de acuerdo y exhortos.

Ayer, los diputados, siempre dados a pasársela bien en el salón de plenos, permanecieron como invitados de piedra en sus curules. Se comportaron tan disciplinados que obedecieron la instrucción precisa de no retirarse los cubrebocas, y en cuanto el presidente de la mesa directiva ordenó el término de la sesión, abandonaron el recinto sin mediar los tradicionales abrazos y apapachos que manifiestan cuando concluye su trabajo en el pleno.

De tal forma, entre los dictámenes más relevantes aprobados el día de ayer se encuentran: el relativo a Ley Federal de Protección al Consumidor, para que la Profeco tenga la facultad de emitir alertas inmediatas sobre productos, prácticas anómalas en el abastecimiento y servicios nocivos o que pongan en riesgo la salud o seguridad de los compradores.

Reforma a diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, con objeto de establecer reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica y su puesta en operación. Así, el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá expedir, mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial, las reglas y especificaciones de las solicitudes, así como los procedimientos y requisitos específicos para facilitar la operación de dicho instituto.

En el terreno de la igualdad de género se avalaron las reformas a los artículos 2 y 9 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Los acuerdos suscritos por la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres deberán implementar las acciones o tareas establecidas en los tratados internacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Se envió al Senado para sus efectos constitucionales.

A su vez, el pleno camaral dio por bueno el dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal para redefinir el concepto de servidor público, a fin de suscribir diversos supuestos contemplados para los delitos cometidos por éstos, no importando si son nacionales o extranjeros. Se establece que cometen delito de uso ilícito de atribuciones y facultades los particulares que obtengan franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, ingresos fiscales y servicios producidos o prestados en instituciones de la administración pública federal centralizada, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, el Congreso o los poderes Judicial federal y Judicial del Distrito Federal.