cinco días de que se inició la emergencia sanitaria en el país como consecuencia del brote de influenza porcina, es evidente que las afectaciones derivadas de este padecimiento han rebasado ya el ámbito estrictamente relacionado con la salud pública y comienzan a manifestarse de manera severa en la esfera económica. Ayer, la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Distrito Federal estimó que las pérdidas por el cierre de comercios en la capital ascienden a mil 500 millones de pesos por día, y que profundizar las medidas de prevención adoptadas por las autoridades pudiera derivar en la desaparición de cientos de pequeñas y medianas empresas. Además, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) dispuso, desde la noche del pasado lunes, el cierre parcial de los más de 30 mil restaurantes que operan en la ciudad, medida que, a decir de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de los Alimentos Condimentados, afecta alrededor de 450 mil empleados, y ha generado malestar y reclamos de los integrantes de ese sector.

Las cifras mencionadas son botones de muestra de un impacto económico devastador que, para colmo, ocurre cuando el país se ve asediado por los efectos de una doble crisis: la estructural, causada por las políticas económicas neoliberales impuestas por la administración de Carlos Salinas y continuadas hasta la fecha, que han colocado a la mayoría de los habitantes en un estado de virtual recesión desde hace más de dos décadas; la coyuntural, provocada por los descalabros originados en el sistema financiero estadunidense y que ha generado devastación económica en todo el mundo. A tales circunstancias se sobrepone una tercera crisis, derivada de la actual epidemia de influenza, que ha obligado al cierre –ya sea por disposición oficial o por falta de clientela– de decenas de miles de establecimientos, lo cual ha significado la caída en los ingresos de cientos de miles de personas, ubicadas tanto en el sector formal como en el informal. La superposición de estos tres procesos críticos coloca a un importante sector en sus circunstancias económicas más adversas y alarmantes, además de que amenaza con hacer engrosar las filas del desempleo y profundizar la zozobra social.

En este contexto, no puede reprocharse a las autoridades la adopción de medidas de prevención y contención epidémica –sin duda necesarias–, pero sí puede reclamárseles su total falta de altura de miras para tomar conciencia de la agudización de la emergencia económica que se vive desde ahora y que persistirá una vez superada la crisis sanitaria, así como para caer en la cuenta de que, en el ámbito laboral, salarial y económico en general, es obligado hacer frente a esta desafortunadísima conjugación de factores adversos, a fin de prevenir el ahondamiento de perspectivas de acendrado descontento social y de ingobernabilidad.

Ayer mismo, el titular del GDF, Marcelo Ebrard, anunció la creación de un fondo de 150 millones de pesos para apoyar a familias afectadas por la influenza porcina, respaldar económicamente a las personas contagiadas y a las empresas que acusen caídas en sus ingresos mientras dure la contingencia sanitaria. Es un buen paso inicial, pero del todo insuficiente. Por su parte, el gobierno federal tendría que impulsar medidas similares y otras de mucho mayor importancia, así como pedir a los miembros de su gabinete económico que elabore políticas orientadas a disminuir las afectaciones causadas por la extensión de este padecimiento. En cambio, el calderonismo ha exhibido, en la circunstancia presente, la misma insensibilidad y falta de respuesta que mostró, primero, para reconocer la gravedad y prever los efectos de la actual crisis económica y, después, para afrontarla.

Es inevitable contrastar esta indolencia con la pronta respuesta de la administración de Barack Obama, en Estados Unidos, la cual solicitó ayer al Capitolio una partida adicional de mil 500 millones de dólares para mejorar la capacidad de respuesta frente a la potencial propagación de esta epidemia, fondos que, a decir del portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, serían usados para incrementar las existencias de antivirales, desarrollar una vacuna para el virus A/H1N1 y, en general, para mejorar la capacidad de respuesta del sistema estadunidense de salud pública y de las organizaciones internacionales.

En semanas recientes, los encargados del manejo de la economía nacional han alardeado con el blindaje que representan las líneas de crédito recientemente concedidas por el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de Estados Unidos a nuestro país, así como el nivel histórico de las reservas en dólares del Banco de México. Es necesario que el gobierno recuerde que esos recursos deben ser empleados en beneficio del país y que dispongan, en consecuencia, de la proporción necesaria de los mismos para hacer frente a la problemática actual, tanto en el orden sanitario como en el económico.