a natural centralidad del grave problema de la influenza de origen porcino no debe llevarnos a desplazar el interés y la atención sobre otros temas igualmente graves que también atañen a toda la ciudadanía. Precisamente el Foro Internacional sobre la Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos y de la Protesta Social, realizado en Chilpancingo, Guerrero, la semana pasada, mostró las evidencias de la política de Estado que se practica en el calderonismo y en algunos gobiernos estatales, independientemente del signo político, consistente en eliminar al mensajero para ignorar el mensaje, variante actual de aquella delineada por el salinismo: ni los veo ni los oigo.

¿Qué otra cosa son los defensores de derechos humanos si no mensajeros que presentan al Estado los graves déficits en su obligación de garantizar a todas y a todos el ejercicio de derechos humanos? Le acercan el espejo sobre una realidad que no se quiere asumir. De ahí que prefiera centrar su persecución en aquellos que dedican su vida a defender estos derechos.

En el foro mencionado, integrantes de 50 organizaciones no gubernamentales, indígenas, campesinas, magisteriales y sociales, destacando el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red-TDT), coincidieron hoy en que existe una tendencia a desprestigiar la labor que realizan y, peor aún, a criminalizarla.

Han transcurrido más de dos meses del secuestro y asesinato de los defensores indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y no hay resultados de las investigaciones para detener y procesar a los responsables de estos crímenes. Por ello, los activistas reunidos en Guerrero acordaron exigir al gobierno federal que atraiga las investigaciones por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR) para que se garantice que la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de los defensores de derechos humanos no quede impune y que para ello se realicen investigaciones imparciales, objetivas y expeditas. Este caso, se ha insistido, expresa un patrón de criminalización.

Las denuncias son cotidianas y más nos valdría prestar más atención a Chiapas. El Centro Fray Bartolomé de las Casas emitió una acción urgente, porque el pasado 17 de abril se realizó un operativo policiaco con efectivos de la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal Preventiva. Su objetivo era desalojar el bloqueo carretero que miembros adherentes a la otra campaña del ejido San Sebastián Bachajón realizaban en el crucero del centro turístico Agua Azul, para demandar la liberación de sus seis compañeros, detenidos arbitrariamente y torturados cuatro días antes.

De ninguna manera se puede alegar ignorancia del gobierno federal ni de algunos de los estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. La situación de riesgo que se vive fue expresada en el Informe de la Comisión Interamericana sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas de 2006, en el que se sugirió la creación de un programa estatal de protección de defensores, así como las recientes recomendaciones dirigidas al gobierno mexicano por parte del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el Examen Periódico Universal.

Las contradicciones entre el gobierno federal y los organismos de derechos humanos son de fondo: una se concretó con las iniciativas que Felipe Calderón envió al Senado, proponiendo modificar la Ley de Seguridad Nacional para legalizar la presencia del Ejército en labores de seguridad pública. Recordemos el reciente Informe del Centro Pro de Derechos Humanos, el cual muestra cómo los militares vulneran derechos de la ciudadanía.

No hay señales de que la política calderonista pueda variar. Día con día se presentan oportunidades para mostrarlo. Atender las demandas en torno al caso Atenco puede ser una para que los líderes sociales Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, recluidos desde hace casi tres años en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez, sean trasladados en lo inmediato al penal de Molino de Las Flores y, más aún, decretar la amnistía ante las aberrantes penas que les han impuesto.

Ante estas realidades palidece la recientemente aprobada reforma constitucional en la Cámara de Diputados (aún falta el resto del proceso) en torno a la inserción del concepto de derechos humanos y la mención de que incluyen los señalados en tratados internacionales, sin olvidar que se mantiene el candado de subordinación de éstos, pues se dice: En su aplicación, bajo el principio de no contradicción con esta Constitución, se observarán aquellas que resulten más favorables a los derechos de las personas.

Como vemos, es amplia la agenda para dar cauce a un Estado democrático de derecho más allá del gastado y retórico discurso.