on brutalidad judicial y mediática, que no se veía desde la virtual dictadura militar establecida en Chiapas en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Roberto Albores Guillén, el actual gobierno ha dado un salto al vacío al inventar cargos contra luchadores sociales, adherentes de la otra campaña y bases de apoyo del EZLN, difundirlos masivamente sin el menor pudor y sostener una política de tortura y terror sin sentir la necesidad de ofrecer explicaciones, ya no digamos disculpas.

No sólo Ulises Ruiz Ortiz y Enrique Peña Nieto son gobernadores que confunden impunemente orden y crimen. También Juan Sabines Guerrero y su secretario de Gobierno, Noé Castañón (resuscitado del alborismo por su protector, el secretario de Gobernación calderonista, Fernando Gómez Mont), pertenecen a esa casta de mandatarios que con una sonrisa golpean, torturan y encarcelan a ciudadanos inocentes. Busca allanar el paso a una autopista que los campesinos del trayecto rechazan.

Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, desmintieron nuevamente el 24 de abril las acusaciones del gobierno contra ocho indígenas, arraigados, acusados de delincuentes, asaltantes y narcotraficantes de manera gratuita. Más bien han participado en acciones para controlar los asaltos y robos a turistas en las cascadas de Agua Azul. En cambio, los policías sectoriales no sirven de nada, porque ellos lo utilizan como su negocio cuando detienen algún asaltante y después lo dejan en libertad.

Los comisionados del ejido acusan al gobierno de invadir el territorio de los pueblos indígenas con sus malos proyectos, autopista y hoteles. También denuncian a la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) de delinquir al cobijo de autoridades estatales y federales. Recuerdan que el 17 de abril ingresaron 800 policías en la región autónoma San José en Rebeldía, para desalojar a los indígenas que bloqueaban la carretera en demanda de la liberación de los detenidos.

Ese día, los agentes, guiados por miembros de Opddic, derribaron la caseta de cobro, robaron un radio de comunicación (que sería mostrado en la prensa como prueba contra los detenidos), archiveros y 115 mil pesos en efectivo. Policías que participaron en el desalojo intentaron violar a dos mujeres en Crucero Agua Azul; robaron mercancías de una tienda, propiedad de Juana Silvano García, amenazaron con violarla, y le robaron 20 mil pesos.

El día 19, miembros de Opddic y policías sectoriales ocuparon el banco de grava del ejido, en la ranchería Jol Huk’um. El 23, ejidatarios de Opddic del municipio Sitalá quisieron desalojar a indígenas de la ranchería Mojón Tzuy, “por ser adherentes de la otra campaña”. En ambas ocasiones los encabezaba Pedro Álvaro Hernández.

Los ejidatarios de la otra campaña exigen el retiro inmediato de los policías de Agua Azul y Xanil. Los agentes sólo sirven para fabricar conflictos entre indígenas.

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifestó seria preocupación por la detención arbitraria, los malos tratos, tortura, violaciones a las garantías judiciales y el arraigo de ocho personas de las comunidades tzeltales San Sebastián Bachajón, Xanil y Crucero Agua Azul. Un día antes lo hizo Amnistía Internacional.

La acción represiva ha sido acompañada por una intensa campaña mediática del gobierno de Chiapas, que criminaliza sin fundamento a indígenas a quienes públicamente se había comprometido a respetar. Ahora, la prensa local da por resuelto un presunto conflicto de dos años entre indígenas de la localidad, lo cual, como por arte de magia, habría permitido reanudar el flujo de turistas a las cascadas de Agua Azul (que nunca se interrumpió), gracias a la presencia masiva de policías.

Los indígenas, dice la OMCT, fueron forzados por los agentes para que se declararan asaltantes de la carretera. Con malos tratos y torturas los obligaron a estampar sus huellas digitales en unas hojas sin conocer su contenido.

Los detenidos se encuentran en la siniestra casa de arraigo Quinta Pitiquitos, en Chiapa de Corzo, a solicitud de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La OMCT demandó a las autoridades garantizar la seguridad e integridad personal, así como la liberación inmediata de los arraigados, si no se pueden acreditar los delitos que les atribuyen; investigar las violaciones cometidas, e indemnizar y rehabilitar a los arraigados.