En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución, el Consejo de Salubridad General (CSG) emitió en agosto de 2007 un acuerdo en el cual ordenó a las dependencias del gobierno federal que elaboraran un plan de preparación y respuesta ante una pandemia de influenza y ante la posibilidad de que, de suscitarse tal emergencia, en México se registraran entre 25 y 30 millones de casos de enfermos.

No obstante su carácter de órgano consultivo, el organismo fue convocado a sesión extraordinaria apenas el viernes pasado sólo para ratificar y declarar formalmente el estado de emergencia sanitaria que un día antes había sido decidido por el gobierno federal, según informó ayer el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos.

En la conferencia realizada en la residencia oficial de Los Pinos para dar cuenta de la situación que guarda la epidemia de influenza, el funcionario dijo que el CSG tiene, evidentemente, un papel importante y está constituido por representantes de prácticamente todo el sector salud, entre ellos académicos, así como gente de la industria farmacéutica y del gremio de los médicos.

Las opiniones de ese órgano son un consejo, subrayó Córdova, precisamente para que la autoridad sanitaria o el Presidente de la República puedan tomar acciones para tratar de contener una emergencia sanitaria, como es este caso.

Agregó que, con la finalidad de tener todas las atribuciones legales, el presidente Felipe Calderón Hinojosa emitió el decreto con que se lograrán acciones fluidas y que, por ejemplo, se faciliten los trámites para efectuar compras de medicamentos en el extranjero.

Sobre el tema, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, puntualizó que el decreto mencionado está sujeto a lo que establece la Constitución por lo que hace a las garantías individuales y sociales. Rechazó que se esté creando un estado de excepción; se trata, indicó, de dar facultades amplísimas para tratar de evitar males mayores por un interés general.